SECCION: INFORMACION GENERAL
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CABEZA: El debate de Puebla
CREDITO: CARLOS SIRVENT
ENTRETEXTO: Segun algunas propuestas debe ser prohibido que un funcionario
publico participe en actos proselitistas o haga propaganda electoral

Las elecciones federales de 1994 dejaron muchas ensenanzas y avances en
terminos de procesos electorales confiables y competidos, pero tambien nos
heredaron muchos errores de procedimiento y decisiones que la sociedad
tolero porque se vivia un ano excepcional, marcado por la violencia
politica y la presion de los partidos politicos.
Fue al calor de tales acontecimientos que se aprobaron medidas que hoy es
necesario volver a discutir. Por ejemplo, se llevo a cabo una reforma al
Codigo Penal criticada por los especialistas por su lamentable tecnica
juridica, gracias a la cual se establecieron delitos electorales que se
consideran atentatorios a garantias individuales como la libertad de
expresion; asimismo, en aquel entonces el IFE acordo solicitar al
Presidente de la Republica la suspension de la campana de comunicacion
social de los pr

ogramas de Procampo y Pronasol durante un lapso de 20 dias previos a la
realizacion de la eleccion con el fin de que la realizacion de obra
publica de la administracion salinista no influyera en los resultados
electorales.
A partir de aquellas medidas, propias de un periodo plagado de decisiones
excepcionales, algunos analistas politicos tienen la conviccion de que
ahora en lugar de corregir errores deben establecerse como principios
juridicos dentro de la ley electoral. Este es el caso en particular de la
participacion politica de los funcionarios publicos, que segun algunas
propuestas debe ser prohibido que un funcionario publico participe en
actos proselitistas o haga propaganda electoral a favor de su partido a
partir de

la obra publica realizada.
Aun cuando tal cuestion no se encuentra claramente legislada, no ha dejado
de ser tema de debates reiterados en cada proceso electoral local de este
ano. Asi las cosas, en las pasadas elecciones locales celebradas en los
estados de Chihuahua y Baja California por ejemplo, los gobernadores
panistas de ambas entidades fueron duramente criticados por sus
adversarios priistas debido a que durante la campana electoral hicieron
amplia difusion de los exitos alcanzados por la administracion panista, lo
que a decir

 de los criticos constituia un acto de proselitismo y de uso partidista de
 la obra publica. Sin embargo, en ambos casos la discusion se instalo en
 el reducido ambito de las acusaciones mutuas por lo que la discusion
 carecio de trascendencia.
Ahora el debate ha vuelto a presentarse en el estado de Puebla ante la
cercania de las elecciones locales, solo que en esta ocasion los
acusadores son el PAN y el PRD, y el acusado es el gobernador Manuel
Bartlett, que parece estar dispuesto a entrar a una discusion mas seria
del asunto.
El viernes pasado el gobernador publico un largo texto en que abundan
argumentos y con el que responde a sus acusadores, instalando la polemica
en un mejor nivel del que hasta ahora ha tenido.
Brevemente la disputa es la siguiente:
El 4 de septiembre la presidenta del PAN denuncio ante el Ministerio
Publico del Estado de Puebla al gobernador por haber pronunciado frases
directas en apoyo al PRI; un dia despues el PAN y el PRD afirmaron que el
gobernador habia incurrido en delito electoral por hacer proselitismo en
favor de su partido.
En lugar de que el gobernador negara la acusacion asumio su
responsabilidad y rechazo el supuesto delito electoral. Segun sus
argumentos, la manifestacion en publico de sus preferencias partidistas no
viola prohibicion alguna, puesto que destina el apoyo de sus convicciones
e ideas, no recursos publicos. Para abundar en su tesis acude a la
politica comparada, que en efecto le permite demostrar que en los
regimenes politicos contemporaneos los jefes de gobierno encabezan su
partido, y que en los procesos ele

ctorales defienden sus propuestas y candidatos frente a los partidos de
oposicion.
"Suprimir la participacion de las autoridades -afirma el gobernador-
introduciria la asimetria de ser blanco de la critica frente al electorado
sin poder defenderse; lo decisivo es que al hacerlo, las autoridades no
desvien fondos publicos en favor de ningun partido o de ningun candidato."
En esta perspectiva, segun el gobernador, las acusaciones de que es objeto
tienden a coartar su libertad para expresar abiertamente sus ideas
politicas, violando asi las garantias individuales y derechos que amparan
sin excepcion a todos los mexicanos, incluidos aquellos que ocupan cargos
de eleccion popular.
La discusion de este asunto debe ser en los proximos meses uno de los
puntos nodales del debate electoral, puesto que tiene implicaciones en la
vida politica que muchas veces los sociologos electorales no descubren por
su corta vision juridica.
Parece adecuado no desperdiciar la ocasion que abre el debate de Puebla,
maxime que ya circula un documento de diez propuestas para la reforma
electoral definitiva, avalado por las dirigencias del PAN y el PRD, una de
las cuales propone prohibir la vinculacion entre los programas de gobierno
y las campanas electorales, estableciendo la necesidad de una norma que
regule el acuerdo tomado de 1994.
* Director del Centro de Estudios Politicos de la Fundacion Cambio XXI,
Luis Donaldo Colosio.
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