SEC. INF. GRAL.
PAG. 6
CINTILLO: RAZONES
CABEZA: MRM-PRI: El peso de la prueba
CREDITO: JORGE FERNANDEZ MENENDEZ*


La feria de rumores se ha desatado pero nadie parece estar en condiciones de convalidar en los hechos sus averiguaciones. Las posiciones dentro del propio aparato de justicia estan divididas: un alto funcionario de la PGR hablo ayer con un pequeno grupo de informadores y aseguro que los investigadores estan convencidos de la presunta participacion del grupo Atlacomulco en el asesinato de Jose Francisco Ruiz Massieu. El problema que dicen tener para avanzar en la investigacion es que los indicios con los
que dicen contar son llamadas telefonicas grabadas en forma suprepticia y otra documentacion obtenida en forma que no tiene validez legal. En otras palabras, que esas pruebas legalmente no tienen valor alguno. Incluso este funcionario se quejaba de que no se pudieran pedir ordenes de escucha telefonica al ministerio publico para que estas tuvieran valor penal.
Este mismo funcionario asegura que Munoz Rocha ha huido del pais y que estuvo rodeado en una casa de MacAllen de donde logro romper el cerco que le habian puesto, no se sabe si con colaboracion de la policia estadounidense, las fuerzas de la PGR. El principal argumento externo de esta fuente es que la investigacion y los pasos dados hasta ahora han sido avalados por Juan Velazquez, el abogado que actua como coadyuvante de la investigacion del caso Ruiz Massieu y que es el representante legal de Diana
Laura Riojas de Colosio en la investigacion del asesinato de Luis Donaldo. Por cierto la funcion de Velazquez segun estas mismas fuentes seria buscar los hilos comunes de ambos hechos.
Lo cierto es que otras muy importantes fuentes de la propia PGR, consultadas ayer mismo, no estan de acuerdo con esta version. Para estos sectores el problema es sencillo: se tienen o no se tienen pruebas y no se puede llevar adelante, dicen, una investigacion en base a presunciones o pruebas sin validez legal, pruebas de un origen que tampoco es valido. En este sentido, aseguran estos sectores de la propia PGR, que estan de acuerdo con la molestia que permea a sectores gubernamentales y priistas, que se
esta ideologizando la investigacion y se puede avanzar en acusaciones politicas generalizadas que no estarian apoyadas en argumentos legales.
Existe un tercer grupo dentro de la PGR, por ejemplo el que representa el comandante Adrian Carrera, quien considera que la investigacion, en sus fases principales, ya esta resuelta (aunque esta debe quedar abierta hasta su completa finalizacion) y que el eje debe ser encontrar a Munoz Rocha.
Entre muchos de los dirigentes del PRI y algunos legisladores, las versiones no han sido mas moderadas. Es verdad que muchos de ellos estan molestos y con razon porque se esta aprovechando la circunstancia para un golpeteo politico que en su opinion excede sin duda la investigacion. Pero muchos de esos mismos priistas se estan excediendo en sus apreciaciones y parecen ir en contra de sus propios intereses.
Ayer, en plena Camara de Diputados, la ex gobernadora de Yucatan, Dulce Maria Sauri, no solo condeno las declaraciones del subprocurador, sino que incluso demando que se analizaran "otras lineas de investigacion diferentes a las de ahora". Es un doble error: primero, porque vuelve sobre un tema que debe ser moderado por todos sus protagonistas si realmente se quiere avanzar en la busqueda de la verdad. Segundo, porque resulta incontrovertible que el asesinato de Ruiz Massieu es politico y que en el
intervinieron militantes del PRI y por lo menos un diputado, Munoz Rocha. Tratar de buscar "otras lineas de investigacion" es negar lo avanzado hasta ahora y seria, como se ha dicho, tratar de tapar el sol con un dedo y generar aun mas desconfianzas hacia los propios dirigentes del partido tricolor.
Lo cierto es que debemos volver al punto que abordabamos el miercoles en este mismo espacio: el PRI debe moderar a sus dirigentes, pero los investigadores no pueden sostener sus acusaciones sin pruebas. Incluso si existen indicios y contundentes, como pudieran ser esas llamadas telefonicas, se debe asumir la responsabilidad que implica hacer cumplir la ley y ello no deberia difundirse, sencillamente porque esas pruebas no son tales. Si la intencion con esas declaraciones es generar hechos politicos que
destraben la investigacion eso, lamentablemente, no puede realizarse desde la propia autoridad encargada de la misma, so pena de que esta pierda credibilidad o se vea sometida, como ahora, a las mas diversas y contradictorias versiones. Las vias que pueden ser validas desde el ambito politico no lo son desde el judicial.
Lo que no parece estar sujeto a discusion son dos cosas: primero que, sin prejuzgar ninguna de las distintas acusaciones oficiosas que se han divulgado -en uno u otro sentido estamos ante un enfrentamiento entre diversos grupos politicos por razones que parecen tener un solo objetivo: la preservacion de espacios de poder. Y segundo que Ernesto Zedillo, que hoy parte a su primera gira internacional como presidente electo por Centroamerica, se encontrara el primero de diciembre con un problema no solo
policial sino tambien politico de muy dificil solucion. Porque una cosa es indudable y ello aparentemente sin duda recaera, finalmente, en su futura administracion: se deben llevar hasta el fin las investigaciones de los casos de Luis Donaldo Colosio y Jose Francisco Ruiz Massieu. Como hacerlo sin permitir que esa investigacion se ideologice o politice es una respuesta para nada sencilla que sera una responsabilidad del futuro gobierno.
PD: la proxima semana continuaremos, como habiamos adelantado ayer, con las propuestas de las celulas empresariales para el programa de Ernesto Zedillo.
*Director Adjunto de El Nacional

.