SEC. INF. GRAL. PAG. 7 CINTILLO: HAY CONDICIONES PARA UN SISTEMA CABALMENTE DEMOCRATICO 5 CONSEJEROS CIUDADANOS CABEZA: Propuesta de agenda de nueva reforma electoral; marginaria al gobierno del control de comicios SUMARIO: Fernando Zertuche prefirio formular una propia CREDITO: GABRIEL ANDRADE SANCHEZ En la propuesta "que no es definitiva ni acabada" y en cambio se pretende ampliar y afinar con las aportaciones de las fuerzas politicas del pais, los consejeros ciudadanos Santiago Creel, Miguel Angel Granados, Jose Agustin Ortiz, Ricardo Pozas y Jose Woldenberg proponen, entre otras cosas: -Considerar los derechos politicos como garantias individuales para que puedan ser defendidos por la via del amparo. -Avanzar en la ciudanizacion de los organos electorales para que sean plenamente autonomos de los otros poderes. -Acabar con el Colegio Electoral donde se hace una calificacion politica y pasar a un sistema de calificacion jurisdiccional con apego a derecho. -Reglamentar el derecho a la informacion en conciliacion con la libertad de expresion. -Ajustar la integracion de los organos de representacion popular al porcentaje de votacion para evitar la sobre y la subrepresentacion. -Acortar los tiempos de la campana electoral. La propuesta de los consejeros ciudadanos dada a conocer ayer (de la que se autoexcluyo el consejero Fernando Zertuche, quien prefirio hacer una propuesta propia) esta estructurada alrededor de cuatro grandes apartados: I) Principios rectores, organos y procedimientos electorales; II) Condiciones de la competencia; III) Democratizacion de la representacion, y IV) Partidos, asociaciones politicas y coaliciones. Imaprcialidad y autonomia Electoral El primer apartado busca, segun propuesta de los consejeros, apuntalar dos principios basicos de la contienda electoral: la imparcialidad y la autonomia de la autoridad electoral. Entre otras cosas, proponen hacer de los derechos politicos garantias individuales para que sean susceptibles de ser defendidos por la via de amparo. Sugieren desarrollar conceptualmente en la legislacion electoral los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, inparcialidad y objetividad establecidos en el articulo 41 de la Constitucion. Tambien consideran que debe avanzarse en la ciudadanizacion de la autoridad electoral para que sea autonoma e independiente frente a los demas poderes publicos. En este punto detalla que los consejeros ciudadanos, surgidos del consenso pleno de los partidos en la Camara de Diputados, deben ser los unicos con derecho a voto en el Consejo General, del cual se excluiria al representante del Poder Ejecutivo (al secretario de Gobernacion), que tradicionalmente preside las deliberaciones del Consejo General. Propone que los consejeros, "de reconocido prestigio y honorabilidad", con estudios minimos de licenciatura y sin haber ocupado cargos de representacion popular, o publicos o partidistas en los tres anos previos a su nombramiento, duren seis anos en el cargo y sean renovados en ciclos alternados de tres consejeros cada tres anos. El presidente del consejo, senala la propuesta, sera elegido entre los propios consejeros por un periodo de un ano, pudiendo ser reelegido. Este esquema se repetiria en los niveles locales y distritales. De acuerdo con la propuesta, se debera nombrar al director general del organo electoral de una terna propuesta por la mayoria calificada del Consejo General y por la Camara de Diputados. La destitucion del mismo, estaria sujeta igualmente a la decision de la mayoria de la Camara o del Consejo General. Respecto a los directores ejecutivos y demas funcionarios de alto rango, estos los nombrara el Consejo General a propuesta de cualquiera de los miembros del o del director general. Se pide tambien la plena autonomia financiera para las autoridades electorales, cuyo presupuesto lo debera aprobar el Congreso de la Union. Por lo que respecta al computo, la declaracion de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoria a los candidatos triunfadores, se propone que sean los consejos distritales en el caso de los diputados uninominales, por los consejos locales en el caso de los senadores y por el Consejo General en el caso de los diputados plurinominales y de la eleccion presidencial, quienes se encarguen de tales responsabilidades. De esta manera, consideran los consejeros, se podra transitar cabalmente del actual Colegio Electoral que hace una calificacion politica a un sistema de calificacion jurisdiccional con estricto apego a derecho. Los recursos de apelacion estaran a cargo del Tribunal Federal Electoral que daria la ultima palabra en caso de controversia. En relacion con el fiscal electoral, proponen que sea nombrado por el Presidente de la Republica a propuesta del Consejo General y solo podria ser removido a peticion del mismo consejo. Ademas, el fiscal estaria obligado a entregar un informe mensual de sus actividades. Asimismo, sugieren los consejeros realizar una redistritacion para actualizar el seccionamiento del territorio nacional a partir de la movilidad demografica que se ha presentado en los ultimos anos. Por ultimo, en este apartado sugieren continuar con la consolidacion del servicio profesional electoral para los funcionarios medios e inferiores. El segundo apartado se refiere fundamentalmente a los medios de comunicacion, al financiamiento de las campanas, a los programas gubernamentales y a las reglas de competencia. Comienza por destacar la insoslayable necesidad de reformar el sistema de comunicacion colectiva. Por ello, se propone legislar sobre el derecho a la informacion, presente ya en la Constitucion, conciliandolo con la libertad de expresion. Senala, por ejemplo, la necesidad de establecer el derecho de replica para que los actores politicos y los ciudadanos puedan responder a menciones injustas que sobre ellos se hagan. Tambien sugieren legislar para que los medios reparen los danos y perjuicios provocados por informaciones falsas o dolosas. Consideran que deben transparentarse las finanzas de los medios de comunicacion y de los comunicadores en relacion con las campanas politicas, y que debe penalizarse la censura, el soborno y la propaganda politica no explicita. Tambien sugieren poner un limite a la publicidad electoral, para que la diferencia entre las diferentes fuerzas no sea avasallante, pues debe tenarse en cuenta la capacidad financiera de los partidos y la disponibilidad de tiempo por parte de los concesionarios de los medios de comunicacion. Sobre los gastos de campana, la propuesta de los actuales consejeros del IFE propone mecanismos para controlar el origen y el destino de los recursos utilizados. Y para controlar el uso de los programas y gestiones gubernamentales, la propuesta senala la conveniencia de que la Contaduria Mayor de Hacienda de la Camara de Diputados sea presidida por un integrante de la primera minoria. Sistema para integrar la Camara En el tercer apartado, los consejeros proponen un sistema mixto de integracion de la Camara de Diputados, en donde los diputados plurinominales sean para ajustar estrictamente el numero de curules al porcentaje de la votacion, evitando asi la sobre y la subrepresentacion de un partido o fuerza politica. Para evitar que la carencia de una mayoria franca derive en la ingobernabilidad, sugieren asumir la representacion proporcional en un sistema multipartidista que obligue a realizar adecuaciones y a garantizar pisos minimos en las formulas de gobierno. Para la Camara de Senadores sugieren encontrar un metodo de representacion proporcional que abra la puerta del Senado a una eventual tercera fuerza politica, alli donde la competencia no sea solo entre dos. Para el Distrito Federal, consideran que el gobierno capitalino debe ser democraticamente electo y la Asamblea de Representantes debe ser similar en su integracion a la Camara de Diputados. Finalmente, el cuarto el apartado propone diferenciar entre porcentaje minimo para mantener el registro y gozar de los derechos y prerrogativas de los partidos politicos (que bien podria seguir siendo del 1.5 por ciento de la votacion) y el porcentaje minimo necesario para participar en el reparto de los diputados plurinominales (que bien podria ser del 3 por ciento). Consideran que debe garantizarse a los partidos politicos la posibilidad de formar coaliciones, haciendo a un lado las barreras artificiales que hoy existen. Asimismo, senalan la conveniencia de acortar los tiempos de las campanas politicas, para abatir los costos finacieros y materiales. A manera de corolario, los consejeros del IFE puntualizan en su propuesta de reforma electoral que esta es complementaria de la reforma politica. De momento no conviene remover a consejeros, opinan Creel y Woldenberg En estos momentos, cuando se encuentra en marcha una nueva reforma electoral, seria inconveniente cambiar a los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral que terminan su periodo el proximo 30 de noviembre; lo mas viable seria posponer la decision de ratificarlos o sustituirlos. Esta sugerencia la hicieron los propios consejeros ciudadanos, Santiago Creel Miranda y Jose Woldenberg Karakowsky, al ser cuestionados sobre su futuro, luego de dar a conocer su propuesta para una nueva reforma electoral. De acuerdo a la legislacion vigente, el destino de los consejeros esta en manos de la Camara de Diputados. Los legisladores deben decidir antes del 30 de noviembre y tienen varias opciones para hacerlo. Pueden ratificarlos, sustituirlos o posponer la decision. Por las posiciones que han manifestado las diferentes fracciones parlamentarias representadas en la Camara de Diputados no se vislumbra cual puede ser el futuro de los consejeros. Los Partidos Accion Nacional y de la Revolucion Democratica han hecho explicito su apoyo para que los seis consejeros sean ratificados en sus cargos; en tanto, el Partido Revolucionario Institucional ha hecho criticas veladas a los "consejeros progresistas" y podria vetar su ratificacion. El problema es que el destino de los consejeros ciudadanos debe ser decidido por el 75 por ciento de los diputados presentes en el pleno, cuando se tome la decision sobre su futuro. El PRI, aun con la eventual adhesion del Partido del Trabajo, solo alcanzaria el 62 por ciento de los votos y por lo tanto no puede decidir unilateralmente. El asunto debera ser negociado. Tal vez por ello, los consejeros Creel y Woldenberg no respondieron directamente a las interrogantes de si quieren y confian en seguir siendo consejeros. Apuntaron que antes de poder responder a tales preguntas, necesitan conocer detalladamente las propuestas y posiciones de cada una de las fracciones politicas representadas en la Camara de Diputados. Puntualizaron, asimismo, que la decision que ellos tomen sera personal y no de grupo. Ante la insistencia de los reporteros, senalaron que en los actuales momentos, cuando hay disposicion de todas las fuerzas politicas para una nueva reforma electoral "sonaria disonante" el cambio de consejeros ciudadanos. Lo mejor seria posponer la decision hasta el termino de la reforma electoral, consideraron. .