SEC. INF. GRAL.
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CINTILLO: POLEMICA
CREDITO: Ruben Alvarez
CABEZA: Interes privado vs interes social
Resulta preocupante la propuesta que ha hecho la cupula empresarial, o por lo menos, una parte significativa del sector privado al plantear de nueva cuenta una postura antagonica entre la Iniciativa Privada y las politicas gubernamentales que preservan el interes social.
En un documento dirigido a los candidatos presidenciales, denominado "Propuestas empresariales para la administracion 1994-2000", entre otras solicitudes, sugieren modificar los articulos 25, 26 y 28 constitucionales y desaparecer las Juntas de Conciliacion y Arbitraje.
Las propuestas, fueron elaboradas por las confederaciones Patronales de la Republica Mexicana (COPARMEX), de Camaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), asi como por la Camara Nacional de la Industria de Transformacion (CANACINTRA).
En su propuesta, los empresarios reconocen que el modelo economico ha otorgado mayor enfasis al mecanismo de mercado sin embargo, indican que "no tiene garantia de permanencia mientras siga vigente el llamado capitulo economico de la Constitucion, en los terminos actuales".
Como recordara el lector, el articulo 25 de nuestra Carta Magna, otorga al Estado la funcion rectora "del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral, que fortalezca la soberania de la Nacion y su regimen democratico y que, mediante el fomento del crecimiento economico y el empleo y una mas justa distribucion del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege..."
En otro parrafo, el articulo 25 senala que "Al desarrollo economico nacional concurriran, con responsabilidad social, el sector publico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad economica que contribuyan al desarrollo de la Nacion". Es decir, la participacion esta abierta para todos los sectores, sin excluir a ninguno.
Discursivamente, los empresarios pretenden desplazar al Estado de su funcion reguladora, para quedar con manos libres en beneficio de ciertos grupos y solo de ciertos grupos empresariales; arguyen que el articulo 25 constitucional "debe ser modernizado" para restituirle al pueblo la rectoria del desarrollo nacional. Afirman que "el gobierno, en toda nacion, es necesario y conveniente, pero el gobierno no debe ser el dueno de la economia ni actuar como tal".
En cuanto al articulo 26 constitucinal proponen derogarlo porque consideran que no es posible que se permita la libre concurrencia de los particulares (economia de mercado) y se establezca en ese precepto que el Estado organizara "un sistema de planeacion democratica del desarrollo nacional".
En este articulo efectivamente se ratifica la funcion rectora del Estado pero ademas es precisamente donde se obliga al Estado a escuchar a los diversos sectores sociales para incluirlos en los programas de gobierno, desde luego, ponderando el interes de cada uno de los sectores, entre ellos a los empresarios.
En contra del articulo 28, que entre otros puntos se refiere al control de precios y prohibicion de monopolios, dicen que no puede continuar como tal porque se debe asentar que el Estado promovera la libre competencia, limitada por las exigencias del bien comun.
A la letra, el articulo 28 constitucional dice: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopolicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los terminos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dara a las prohibiciones a titulo de proteccion a la industria".
Seguramente lo que menos les agrada es que en este articulo se dice tambien: "... la ley castigara severamente, y las autoridades perseguiran con eficiencia, toda concentracion o acaparamiento en una o en pocas manos de articulos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios: todo acuerdo, procedimiento o combinacion de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre s
i y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del publico o en general o de alguna clase social".
En cuanto a la ley laboral, apuntan que debe actualizarse la legislacion para alentar la calidad, productividad y competitividad tanto de "nuestras empresas, como de los trabajadores y de los sindicatos, y el gobierno sea menos regulador y mas facilitador de las relaciones laborales".
Piden desaparezca la figura de contratos ley; hacer mas flexible la contratacion temporal, establecer el pago por horas; la desaparicion del escalafon por antigedad y las Juntas de Conciliacion y Arbitraje.
Para propiciar un sano desarrollo en las relaciones laborales, proponen consignar como "prohibicion" el que un trabajador sea afiliado a algun partido politico, por el hecho de ser sindicalizado y que los dirigentes sindicales no ocupen puestos publicos o de eleccion popular mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones".
Como se puede advertir, se trata de una estrategia de importantes grupos de presion, para desarticular una parte de las garantias individuales de nuestra Constitucion, y de importantes conquistas laborales de nuestras garantias sociales, las que de alguna manera imprimen a nuestro modelo de desarrollo las caracteristicas que lo ubican dentro del liberalismo social.
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