SECCION: INTERNACIONAL
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BALAZO: VIRTUAL ESTADO DE SITIO EN LA PAZ: OPOSITORES
CABEZA: Reprimen policias y militares una
marcha de profesores bolivianos
CREDITO: AGENCIAS

LA PAZ, 28 de marzo.-Efectivos de la policia y del ejercito de Bolivia disolvieron violentamente una marcha de alrededor de 3 mil profesores estatales y otros trabajadores, introduciendolos por la fuerza a camiones para trasladarlos de regreso a la ciudad de Oruro, 220 kilometros al sur de La Paz.
Los hechos sucedieron en la localidad de Vila Vila, a 145 kilometros de La Paz, en pleno altiplano boliviano, con un balance hasta esta noche indeterminado de contusos y detenidos.
Las autoridades aseguraron que esta misma noche liberarian a los detenidos, en Oruro.
Los militares y policias utilizaron granadas de gases lacrimogenos y bastones para desbaratar la caminata, iniciada ayer y que buscaba llegar el jueves a La Paz como una forma de protesta por la reforma educativa que impulsa el gobierno y por la detencion de 16 dirigentes sindicales.
De inmediato, la Central Obrera Boliviana (COB) denuncio el hecho como una "demostracion de la cara dictatorial del gobierno" y anuncio para manana protestas callejeras y bloqueos de avenidas en La Paz para protestar contra "un nuevo acto represivo del gobierno incapaz".
El maximo dirigente de la COB, Oscar Salas, que encabezaba la marcha, no fue detenido.
El ministro de Comunicacion, Ernesto Machicao, justifico la disolucion de la caminata senalando que esta "entorpecia el paso de personas y vehiculos en la zona en la que se encontarban los marchistas", lo que "esta prohibido por la ley".
Machicao anuncio ademas que el gobierno acepto la mediacion de la Iglesia Catolica para iniciar un dialogo con los profesores y dirigentes de la COB, "porque entre enfrentamientos y dialogo, siempre preferimos el dialogo". Pero Machicao habia descartado ayer la mediacion de la Iglesia, por considerarla "innecesaria y solo para casos extremos".
La represion de la marcha tensiona aun mas el clima politico en Bolivia, donde esta en curso una huelga general e indefinida convocada por la COB, acatada parcialmente, y un paro indefinido de los profesores estatales, que detuvo casi por completo la actividad de la educacion publica.
Por su parte, la oposicion denuncio un virtual estado de sitio enla capital boliviana, conlibertades constitucionales restringidas, como consecuencia del clima de grave tension social que vive el pais.
Por su parte, el gobierno boliviano se vio obligado a convocar a egresados de secundaria y a universitarios para superar la huelga nacional de maestros, que comenzo hace 16 dias y para la cual no ha podido hasta ahora encontrar solucion.
"Recurrir a esta medida es lamentable, ya que los estudiantes necesitan profesores, pero ello es mejor que no tener clases", reconocio el ministro de Desarrollo Humano, Enrique Pina, al explicar la medida y recordar que la ley permite contratar a egresados del ciclo secundario o estudiantes universitarios para reeemplazar a los profesores "en caso que estos no esten disponibles".
Mienatras tanto, la Iglesia Catolica dijo estar dispuesta a mediar en el creciente conflicto social en Bolivia, una vez que el gobierno y los sindicatos depongan actitudes "intransigentes y cerradas".
El secretario general de la Conferencia Episcopal, monsenor Jesus Suarez, declaro que ese maximo organismo eclesiastico interpondria sus buenos oficios pero a "solicitud expresa" de ambas partes.
Una "coordinadora parlamentaria" de seis partidos opositores al gobierno planteo el lunes la necesidad de una mediacion de la Iglesia Catolica ante un peligroso deterioro de la paz social en el pais.
El obispo Suarez declaro, sin embargo, que esa eventual gestion conciliadora debera surgir del abandono de actitudes "cerradas e intransigentes" en el gobierno del presidente Gonzalo Sanchez de Lozada y en el sector sindical.
Ambas partes se hallaban radicalmente enfrentadas a raiz de una ley con profundas reformas al sistema educativo que el gobierno pretende aplicar y los sindicatos exigen derogar.
La huelga general, undecima decretada bajo el gobierno de 19 meses del empresario Sanchez de Lozada, afecto parcialmente actividades educativas, de la mineria estatal y servicios de salud publica, dijeron distintos informes.
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