SECCION: ESPECTACULOS
PAGINA: 39
CABEZA: PND, consultas y legislacion de medios
CREDITO: FERNANDO MEJIA BARQUERA*

1995 sera sin duda un ano de gran importancia en cuanto a la definicion de las normas legales que regiran el funcionamiento de los medios de comunicacion en el ultimo lustro de este siglo y los primeros anos del siguiente. En el primer semestre del ano, como ya es ampliamente conocido, se modifico la legislacion relativa a la comunicacion por satelite y se promulgo una Ley de Telecomunicaciones; asimismo, se realizaron "foros de consulta popular" supuestamente con el objetivo de que el gobierno de la rep
ublica se nutriera de las opiniones y planteamientos de diversos sectores de la sociedad para conformar el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND).
De igual manera, durante el segundo semestre de este ano -especificamente en los meses de junio y julio- se llevara a cabo, coordinada por la Camara de Diputados, una "Consulta Publica en Materia de Comunicacion Social", despues de la cual ese organo legislativo determinara, por consenso o por mayoria de votos, si es necesario o conveniente emitir nuevas leyes en la materia, introducir reformas a los ordenamientos ya existentes, o bien dejar los textos legales tal como estan. Cualquiera que sea la decision
que la Camara de Diputados tome -legislar, reformar o dejar las cosas sin modificacion-, sera fundamental, pues definira el futuro de la legislacion mexicana en medios de comunicacion por lo menos para lo que resta del presente siglo.
¨Consultas para que?
Muchos de quienes hemos sido invitados -y hemos acudido- a varios de los foros sobre comunicacion que se han realizado en este primer semestre de 1995, nos preguntamos cual es la utilidad de esas reuniones o mas bien a quien le sirven; es decir, si estas son organizadas efectivamente con el afan de que autoridades o legisladores tomen en cuenta las proposiciones que ahi formulen organizaciones sociales, investigadores, periodistas y ciudadanos en general para incorporarlas a planes de gobierno o a la legisl

acion de la materia; o por el contrario, se trata de actos cuyo objetivo es legitimar decisiones tomadas de antemano, a las cuales se trata de presentar como resultado de consultas a la sociedad.
Hasta ahora ninguna de las innumerables propuestas, que en relacion con los medios de comunicacion se han formulado en los foros de consulta organizados para el efecto, se ha traducido en directriz de gobierno ni en parte de la legislacion sobre la materia. El ejemplo mas reciente es el actual PND, cuyo apartado 3.12, titulado "Libertad de Expresion y de Prensa, y el Derecho a la Informacion", practicamente no considera las proposiciones que se hicieron en los foros efectuados en abril del presente ano. Y n

o me refiero a que no se haya hecho caso a planteamientos individuales (por supuesto, estoy consciente de que es imposible incluir en una ley o en un plan de gobierno todas las proposiciones hechas por los mas de cien ponentes que hubo en esas reuniones, las cuales tenian diverso grado de solidez y probablemente algunas eran contradictorias entre si); me refiero al hecho de que en esos foros -especificamente en el realizado en Xalapa el 28 de abril y al cual me toco asistir- hubo planteamientos e
n los que coincidieron gran parte de los ponentes, por ejemplo, la necesidad de promulgar una ley reglamentaria del articulo sexto constitucional, de garantizar el acceso a los medios a organizaciones y ciudadanos, de proteger a personas y organizaciones sociales que se vean afectados por los "abusos informativos" que bajo la forma de calumnias, diatribas y campanas de desprestigio puedan dirigir contra ellos algunos medios de informacion, de establecer el derecho de replica en la radio y la TV, de crear el

 ombudsman de la comunicacion, de establecer una nueva politica de concesiones para operar medios electronicos que permita a nuevos actores, distintos a las dinastias radiofonicas que controlan la mayor parte de las frecuencias radiofonicas y televisivas en el pais, actuar como emisores, etcetera.
Libertad de expresion
y derecho a la informacion
En el Plan Nacional de Desarrollo (publicado en el Diario Oficial de la Federacion el pasado miercoles 31 de mayo de 1995), no se aclara por que proposiciones como estas fueron ignoradas -no se aclara si el gobierno las considero impertinentes y cual habria sido la razon de ello- y en cambio se enuncia el siguiente planteamiento general en relacion con la libertad de expresion y el derecho a la informacion: "El Ejecutivo Federal considera que pretender normar las garantias individuales sobre la li
bertad de expresion entrana mas riesgos que beneficios, pero estara en todo momento atento a las propuestas de la sociedad y el Legislativo... El Gobierno de la Republica ofrecera asiduamente la informacion economica y social, generada por el Estado, que permita a la ciudadania el analisis, seguimiento y evaluacion de las politicas publicas".
El planteamiento, a mi juicio, constituye una toma de postura inequivoca: no partira del Ejecutivo ninguna iniciativa para legislar en torno al articulo sexto constitucional.
No obstante, hay algo que llama la atencion en el planteamiento gubernamental. Desde hace varios anos muchas personas hemos externado la necesidad de promulgar una ley reglamentaria del articulo sexto que contenga los siguientes elementos: 1) garantias al pleno ejercicio de la libertad de expresion, no para "normar" o limitar este ejercicio, que debe ser irrestricto, sino, al contrario, para liberarlo de ataduras que aun tiene, como es el caso de nociones legaloides que estorban su ejercicio y estimulan los

 animos censores, por ejemplo el discutible concepto de "moral"; 2) establecimiento de mecanismos y procedimientos para que la libertad de expresion, a traves de los medios masivos, sea ejercida no solo por los profesionales de los medios sino por otros sectores de la sociedad; 3) establecimiento de mecanismos y procedimientos a traves de los cuales el Estado se comprometa a proporcionar informacion, generada por el o recabada por el, que es de interes para la sociedad y que, a veces, de manera injustificad

a, se maneja como secreta. Es decir, una ley liberadora, democratica, no una "ley mordaza".
En contraste con planteamientos como el anterior, el gobierno de la republica parece ver el problema de manera fragmentada. De acuerdo con lo que se lee en el PND, libertad de expresion y derecho a la informacion son cosas desvinculadas entre si, y como resultado de esta vision el gobierno aborda el asunto de un modo muy peculiar: por una parte, considera mejor no emitir ninguna norma en relacion a la libertad de expresion para evitar el riesgo de ser acusado de intentar una "ley mordaza", y por otra asume 

el compromiso de ofrecer "asiduamente" informacion generada por el Estado, con lo cual consideraria estar cumpliendo con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la informacion (postura que solamente considera una parte del derecho social que el articulo sexto consagra, el derecho de la sociedad a ser informada por el gobierno, pero no la parte complementaria: el derecho de los integrantes de la sociedad -organizaciones y ciudadanos- a informar a traves de los medios de comunicacion social.
Nueva consulta, ¨nueva legislacion?
En la vispera de que se inicie este jueves 8 de mayo la Consulta Publica en Materia de Comunicacion Social convocada por la Camara de Diputados, la postura gubernamental expresada en el PND adquiere aun mas relevancia. Ese organo legislativo, a traves de una Comision Especial de Comunicacion Social constituida en enero, integrada por 36 diputados y dirigida por un Comite Paritario compuesto por dos legisladores del PRI, dos del PAN, dos del PRD y uno del PT, ha invitado a "ciudadanos; trabajadores y empr
esarios de los medios; academicos e investigadores; servidores publicos; organizaciones sociales; instituciones educativas y partidos politicos" a participar en cuatro foros regionales y uno nacional en los que se trataran los siguientes temas: "Estado, sociedad y medios de comunicacion; medios electronicos; medios impresos; programacion, agencias noticiosas y publicidad; propiedad intelectual y derechos de autor; espectaculos, espacios culturales y recreativos", para exponer sus proposiciones en materia de

 legislacion sobre medios masivos. El objetivo de esta consulta publica, segun la convocatoria y la carta de invitacion personal dirigida a profesionales de la comunicacion, es "investigar, estudiar y recoger opiniones en materia de comunicacion social, a fin de proponer, cuando proceda, la actualizacion y modernizacion de la legislacion en la materia".
No se sabe cuando "procedera", o simplemente si "procedera", alguna modificacion legislativa en materia de medios. Los diputados miembros de la Comision -como Carlos Reta Martinez, del PRI, y Maria Teresa Gomez Mont, del PAN, dos de los mas activos- han sido extremadamente cuidadosos en no adelantar ninguna postura personal o partidaria al respecto. Sin embargo, estamos ante un proceso de gran importancia politica en el que sera muy interesante observar, al termino de la consulta, si los diputados deciden a

tender a las proposiciones -que seguramente se haran- en el sentido de legislar sobre el articulo sexto constitucional, o si el peso del presidencialismo vuelve a imponerse y se determina acatar la postura del Ejecutivo expresada en el PND. Sera interesante, en sintesis, ver si por primera vez en mucho tiempo el Legislativo recupera su condicion de poder autonomo, aun a contracorriente de una toma de posicion manifestada por el Ejecutivo.
* Investigador de los medios de comunicacion.
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