SECCION: INFORMACION GENERAL
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CABEZA: Guerrero: ola de violencia
CREDITO: CIRO MAYEN*
ENTRETEXTO: La indiferencia de las autoridades estatales se ha combinado para configurar un escenario de tensiones sociales y politicas

Guerrero ha sido, en menos de dos semanas, escenario de graves hechos violentos, que han dejado un saldo de 34 personas asesinadas. La muerte de 17 campesinos en Coyuca de Benitez parecio un crimen premeditado ejecutado por policias judiciales del estado, quienes ya estan sujetos a proceso. Todavia no se agotaba la indignacion de la opinion publica por esa noticia cuando ocurre la matanza de 12 personas en Ajuchitlan el Progreso, a manos de un grupo armado cuya identidad aparentemente se desconoce. El 7 de 
julio, en el municipio de Culac, cinco policias fueron emboscados tambien por un grupo no identificado.
El gobernador Ruben Figueroa Alcocer ha sido cuestionado -con razon- a raiz de esta ola de violencia. Hay indicios de que este, en lugar de manifestar preocupacion y pena por las muertes ocurridas, se habria mostrado jactancioso. Asi lo dice la presidenta municipal de Atoyac de Alvarez, Maria de la Luz Nunez Ramos, en una carta enviada al periodico El Sur, de Acapulco, en la que transcribe su conversacion telefonica con Ruben Figueroa despues de la matanza.
La alcaldesa afirma que este le dijo que "ellos se lo habian buscado".
La actitud del mandatario estatal no ha hecho mas que exacerbar la exigencia ciudadana para que sea destituido de su cargo. Es verdad que la Organizacion Campesina de la Sierra del Sur mantiene un discurso radical y en ocasiones beligerante. Sin embargo, esa conducta no es una novedad, en buena parte, de los organismos campesinos de aquella region del pais. El atraso economico, la extrema pobreza de los campesinos, la prepotencia de los caciques y la indiferencia de las autoridades estatales se han combinad
o para configurar un escenario de tensiones sociales y politicas.
Es posible que Ruben Figueroa haya visto en la OCSS la simiente de un movimiento guerrillero, similar al autodenominado Ejercito Zapatista, es posible que las conductas radicales de los dirigentes de la OCSS, en particular de su dirigente Benigno Guzman, dieran lugar a esa sospecha. Pero ni esa presuncion, ni cualquier otra, justifica el asesinato de 17 campesinos. Y lo peor de todo es que se considere a esos crimenes como un escarmiento.
En el informe anual de la Comision de los Derechos Humanos presentado apenas hace poco mas de un mes al Presidente de la Republica, se recuerda la recomendacion 32/95, enviada al gobernador de Guerrero. Ese organo admitio una queja de la organizacion Consejo Guerrerense 500 anos de Resistencia Indigena, y el secretario general de gobierno rechazo la recomendacion surgida de la investigacion correspondiente, por lo que debio intervenir nuevamente la Comision Nacional; la recomendacion continua pendiente. Hec
hos como ese dan cuenta del desden por la ley y senal del abuso de poder por parte del gobierno guerrerense. La puesta al dia de una gobernabilidad autenticamente democratica tiene que remontar una serie de taras y carencias en la imparticion de justicia que parecen ahondarse en aquella entidad, a pesar de los esfuerzos que muchos segmentos de la sociedad realizan para apuntalar el estado de derecho.
Al gobierno de Ruben Figueroa no se le puede eximir de su incapacidad para hacer respetar el estado de Derecho; esa incapacidad aunada a la corrupcion de una buena parte de las autoridades locales ha creado un clima de impunidad. Tan solo en lo que va de su administracion, se han cometido mas de 100 asesinatos, la mayoria de los cuales no han sido castigados. Puede asegurarse que esas muertes pueden ser un sintoma de la descomposicion que priva en Guerrero, pues la conjugacion de intereses de caciques y
cuerpos policiacos ocasiona la impunidad que a su vez es causa de agresiones multiplicadas.
Precisamente porque gobernadores como Figueroa Alcocer no se apegan al derecho, ocurre que algunos de los grupos que promueven demandas sociales y politicas no encuentran los canales institucionales adecuados para lograr su proposito. Por esa razon es altamente probable -incluso practicamente inevitable- que caigan en actos de legalidad -que pueden ser violentos o no para conseguir sus demandas. Con esto no estoy diciendo que debamos disculpar los excesos en que incurren, en ocasiones, las organizaciones so
ciales en sus luchas.
Es necesario que la ola de crimenes sea plenamente esclarecida, pero las indagatorias -al menos del primer incidente- no deberian quedar bajo la responsabilidad del gobierno guerrerense, por su implicacion en el mismo, sino de la Comision Nacional de los Derechos Humanos. El gobierno de Figueroa no se ha distinguido por abrir las posibilidades institucionales para expresion libre del descontento ciudadano, y las instituciones locales encargadas de impartir la justicia estan muy cuestionadas de favo
recer el nepotismo. Por ello, la propuesta de que intervenga la CNDH en los casos mencionados, es mas que pertinente.
*Economista y profesor de la Escuela de Economia del Instituto Politecnico Nacional.
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