PAG. 6 SECCION: INF. GRAL. CINTILLO: LOS HECHOS Y LOS MITOS CABEZA: El regente y la seguridad CREDITO: Gustavo Hirales El pasado miercoles 28 de junio el regente de la ciudad, Oscar Espinosa Villarreal, anuncio la puesta en marcha de una serie de medidas de caracter policiaco, encaminadas a aumentar la seguridad publica en el Distrito Federal. La necesidad de estas nuevas acciones parece no estar en duda, frente al auge delincuencial que se expresa en el record anualizado de mas de quinientos cincuenta delitos diarios que actualmente ocurren en esta ciudad. En efecto, como producto de la crisis economica y sus secuelas de desempleo, caida en el nivel de vida de la poblacion y creciente descomposicion social, pero tambien como un eco perverso de los momentos de transicion y crisis que se manifiestan en el sistema politico nacional, asistimos a un auge de los delitos y la delincuencia, sin precedente en la historia contemporanea de nuestro pais. Y el Distrito Federal, centro politico, cultural, economico y poblacional de la nacion, parec e estar condenado, por ello mismo, a sufrir tambien los efectos del auge delincuencial. ¨Que dispuso el regente? Once medidas entre las que destacan un Operativo Nocturno, un Operativo de proteccion obrera, una Revision de deshuesaderos y el famoso RIMA (Reaccion Inmediata de Maxima Alerta). Todas estas medidas se orientan a prevenir la ejecucion de los delitos de mayor incidencia (se estima que entre el robo a transeunte, el robo de negocio y el robo de automovil agrupan el 70 por ciento de los delitos) y, por tanto, a dar mayor seguridad a una ciudadania que por momentos ya no sabe por donde voltear, en espera del zarpazo. El programa incluia tambien la instalacion de retenes en ciertas zonas y a ciertos horarios. ¨Cual fue entonces el problema? El problema es que el nuevo programa otorga (¨ba?) a las fuerzas la facultad de determinar lo que llamariamos "delitos de facha" o de indumentaria. Por ejemplo, el Operativo Nocturno consiste en "revisar a conductores y a sus acompanantes que muestren una actitud sospechosa, para verificar si los autos son robados y detectar la posesion ilegal de armas", lo cual estaria muy bien si no fuera porque implica a su vez la comision de varios delitos, entre otros los de derogar en l a practica una serie de garantias constitucionales, como la libertad de transito y la de no poder ser detenido sin una orden de aprehension de por medio. El otro problema, contiguo, es el de que las nuevas disposiciones otorgaban a los agentes de policia la facultad de juzgar quien o quienes caen bajo la aleatoria calificacion de "sospechosos", lo que conllevaba la enorme paradoja de que quienes, a ojos de grandes sectores de la ciudadania, son o pueden ser sospechosos de atentar contra la seguridad publica, los mismos policias ahora serian los responsables de juzgar del nuevo delito de sospechosismo, o falta de el. Lo cual es, evidentemente, un circulo vic ioso, y autoritario. Tan autoritario que cuando se interpelo al titular de la Secretaria de Seguridad Publica, David Garay, acerca de la constitucionalidad del programa, contesto: "Si no les gusta, amparense." La respuesta de las fuerzas politicas defenas, de los jurisconsultos, de numerosos sectores ciudadanos y hasta de la Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal, no se hizo esperar. El PAN dijo que se pretende "instaurar un estado de sitio incompatible con las garantias constitucionales. Ahora todo mundo resulta sospechoso hasta que demuestre lo contrario", y el PRD senalo que "se avanza hacia un clima de intolerancia y persecucion", hasta el PRI defeno, que intento defender las medidas, acepto finalm ente que "el limite de las acciones debe estar fijado por el alcance mismo de la Constitucion". Diversos estudiosos y especialistas en derecho, como Jose Luis Soberanes, Raul Plascencia e Ignacio Burgoa, denunciaron el caracter "dictatorial" de las medidas anunciadas. Segun una nota de La Jornada, los tres juristas "resaltaron que el dispositivo anunciado viola los articulos constitucionales 11, 14 y 16, asi como el Codigo Penal Federal". El articulo 11 establece la libertad de transito, el 14 se refiere a la no retroactividad de la ley, y el 16 establece que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Pero me parece que quien puso el dedo en la llaga fue la Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal. Este organismo cuestiono la legalidad del mencionado RIMA y considero que "sin una mejoria sustancial de las condiciones de vida de los sectores mas desfavorecidos de la poblacion, y sin policias plenamente capacitados y profesionales, los esfuerzos que se emprendan no daran los frutos deseados". Pues estos son los problemas fundamentales: primero, la vision del programa actua solo sobre los efectos, pero se dejan de lado las causas, sociales y economicas, del actual auge delitivo; segundo, los policias son unos de los principales agentes de la inseguridad publica. Ubicamos entonces varios problemas en esta iniciativa. Primero, es clara una concepcion autoritaria y clasista, pues se penso que las clases media y alta se movilizarian a favor de esta vision policiaca de la seguridad, y no fue asi. Segundo, evidente falta de tacto, pues se presento el programa como un acto de autoridad, en vez de consensuarlo primero con la Asamblea Legislativa del DF y con las fuerzas politicas locales. Tercero, el problema se vincula con otras mechas prendidas que tiene el regente, com o el caso de Ruta 100. Sin embargo, pienso que las medidas no deben ser desechadas sin mas. Hay que matizarlas y hacerlas compatibles con las leyes que nos rigen, pero seria un gran error el que, a partir del metodo impropio y hasta agresivo en que fueron presentadas, se perdiera de vista que si las despojamos de la arbitrariedad y el subjetivismo que las impregna, pueden ser utiles para darnos un poco menos de inseguridad publica. Y esto es, finalmente, lo que importa, creo. *Politologo. .