SEC. SUPLEMENTO ESPECIAL
CINTILLO: 10 PROPUESTAS SOBRE SEGURIDAD PUBLICA
CABEZA: La fuerta del Estado vs. el narco
CREDITO: DR. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON.
El pasado 27 de abril, aqui en Guadalajara, senale que esta ciudad y sus habitantes viven agraviados por las condiciones actuales de inseguridad y de violencia.
Hoy, Guadalajara representa la zozobra que se vive en muchas ciudades y poblados del pais.
En aquella ocasion, ofreci que juntos emprenderiamos una profunda reforma de nuestro sistema de justicia y de las instituciones encargadas de velar por el orden, la seguridad y la proteccion publica.
El dia de hoy, aqui mismo en Guadalajara, presento a ustedes un programa realista y viable para consolidar a Mexico como un pais de leyes, instituciones, seguridad y certidumbre.
En las ultimas decadas, Mexico ha vivido un acelerado proceso de desarrollo. Existe un marcado contraste entre la sociedad rural analfabeta, de salud precaria y esperanza de vida breve, descrita en el censo de 1921 y la sociedad urbana, industrial y de servicios; diversificada, participativa y compleja de 1994.
Las sociedades modernas han respondido a las consecuencias de la diversificacion social y productiva, con el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Es este un rasgo que define a la sociedad contemporanea y una exigencia de la creciente participacion ciudadana y de una opinion publica cada vez mas informada y mas alerta.
El Estado de Derecho tiene como principio fundamental la idea de que el ejercicio de los derechos propios exige el respeto a los derechos de los demas.
Que las obligaciones implican derechos, que el horizonte social define claramente que podemos esperar de los demas y que pueden los demas esperar de nosotros.
La ley obliga a todos por igual, nadie puede estar por encima de ella, el Estado de Derecho sujeta por igual a gobernantes y a gobernados.
Nuestra rica tradicion constitucional y juridica ha permitido que el derecho no sea solo un instrumento al servicio de la paz y la convivencia, sino tambien al servicio del cambio.
Nuestra Constitucion recoge las decisiones politicas fundamentales de los mexicanos, consagra garantias individuales y derechos sociales, proclama la soberania popular, establece la Republica representativa, democratica y federal; instituye la division de poderes y sus respectivas atribuciones; regula la vida de los estados y municipios; las relaciones de trabajo y las relaciones del Estado con las iglesias.
Es esencial que la Constitucion y el orden legal, derivado de ella, tengan cabal cumplimiento. Esa es una de las funciones medulares confiadas al poder publico.
Es preciso que las autoridades actuen con apego a la ley; que los derechos sean reconocidos y las discrepancias resueltas conforme a nuestras instituciones. Sin derecho no hay autoridad, sin autoridad no es posible aplicar el derecho.
No podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y vivir en la incertidumbre de su cumplimiento.
Los mexicanos necesitamos, queremos y demandamos un sistema de justicia eficaz. Queremos que la ley sea la norma real de la convivencia. Negociar la aplicacion de la ley equivale a ceder las bases mismas de la convivencia.
En ultima instancia, es el Poder Judicial al que, dentro de nuestro sistema de division de poderes, le corresponde garantizar el Estado de Derecho.
La ley es incompatible con la violencia, no importa si esta resulta del abuso del poder, de la impunidad, de la intolerancia o se invoca agravio o injusticia.
La ley es incompatible con la accion de mediadores oficiosos que afirman que es preciso ceder en su aplicacion para que se cumpla.
Es incompatible con el postulado de la violencia, como el camino hacia la libertad y el bienestar; es incompatible con la negligencia y la impunidad, como medios supuestos para preservar la tranquilidad.
A lo largo y a lo ancho del pais, los mexicanos me han manifestado la creciente inseguridad a que tienen que enfrentarse en su vida cotidiana.
Desde mis primeros pronunciamientos como candidato a la Presidencia de la Republica, he manifestado que el problema de la inseguridad publica es el que mas preocupa.
El bienestar de las familias comienza con la seguridad de las personas y de su patrimonio.
Me indigna saber que los adolescentes no estan seguros en sus barrios; que las mujeres sufren agresiones en la via publica; que el obrero pierde su salario en robos callejeros y que el pequeno empresario pierde la nomina en asaltos violentos.
Son inadmisibles las violaciones a mujeres y a menores; los asesinatos de vecinos y automovilistas que defienden su patrimonio. Son inadmisibles, tambien, los secuestros.
Mas grave aun es que muchas veces los actos ilicitos sean cometidos por quien deberia vigilar el cumplimiento de la ley.
Debemos reconocerlo: hoy existe una franca desconfianza hacia las instituciones, hacia los programas y personas responsables de la seguridad publica.
En muchos casos percibimos un desempeno policial falto de metodo, tecnica, etica y compromiso.
Afortunadamente, Mexico cuenta tambien con policias que cumplen con eficacia y honestidad sus responsabilidades, arriesgando en muchas ocasiones su propia vida.
Hoy hago un sincero reconocimiento de gratitud a esos policias.
Paralelamente al aumento de la violencia, se evidencia el crecimiento del crimen, cada vez mas organizado: trafico de armas, asaltos bancarios, narcotrafico y secuestros.
Los medios y los recursos de que disponen estas nuevas fuerzas delictivas son mucho mas peligrosos que los de la delincuencia tradicional.
En diversas ocasiones han atacado frontalmente al propio Estado de Derecho.
Nos enfrentamos a tareas urgentes y graves en materia de seguridad y justicia.
Hoy presento, ante mis companeros de Partido y ante la ciudadania mi propuesta. Esta busca incorporar nuevos instrumentos para contar con un sistema de justicia mas moderno, mas eficiente y con oportunidades de acceso mas equitativas.
Un sistema acorde con las necesidades y los reclamos de nuestro tiempo. Tenemos que lograr, en los hechos, la igualdad que las normas preven a nivel conceptual.

Articulado basico en
el que todos participen

Todos, mujeres, menores, indigenas, campesinos, pequenos empresarios, trabajadores, deben tener las mismas posibilidades de acceso a la justicia y deben ser tratados con equidad.
Se trata de una estrategia para restablecer el orden publico, la seguridad individual, familiar y patrimonial; se trata de una reforma profunda que parte de los postulados basicos de nuestra Constitucion, de la voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado de Derecho, fundado en la soberania nacional, la democracia, la division de poderes y el federalismo.
Parte tambien del respeto a las garantias individuales a que esta obligado el poder legitimado por el sufragio popular.
Esta propuesta consiste de 10 apartados que someto a la consideracion de la opinion publica, con el afan de recoger las observaciones, experiencias y consejos que la enriquezcan en beneficio de todos los mexicanos.
PRIMERO.- La profesionalizacion, dignificacion y moralizacion de los cuerpos de seguridad publica.
Hoy en dia no contamos con suficiente personal policiaco y en muchas ocasiones este personal no reune las caracteristicas necesarias para cumplir adecuadamente su servicio.
Las bajas remuneraciones, la insuficiente dignificacion de la carrera policial y la carencia de un servicio profesional de seguridad publica, han conspirado contra la superacion humana e institucional.
Todo ello ha minado la posibilidad de combatir, de manera eficiente la delincuencia. Como consecuencia la inseguridad ha aumentado.
El cambio que debemos emprender demanda una nueva concepcion de la profesionalizacion del personal. Es preciso reforzar los procedimientos de evaluacion permanente del desempeno profesional de los servidores publicos de seguridad. Crear una verdadera carrera policial.
Asegurar a estos servidores publicos un regimen de prestaciones economicas y sociales, congruente con la importancia y el riesgo de su labor.
Implantar sistemas de promocion y ascensos que generen expectativas de desarrollo profesional, sustentadas en los meritos, la capacidad y la antigedad.
Debemos revalorar y dignificar al servidor de la seguridad publica y atraer a esta profesion a mexicanos que encuentren en ella un proyecto personal de vida de largo plazo, sentando las bases de seguridad y de reconocimiento social que merecen.
Debe hacerse en el ambito del Gobierno Federal y debemos buscar -con respeto a su soberania- que ello se refleje tambien a nivel de los estados y municipios.
Para impulsar un servicio profesional de seguridad publica, propongo crear una Academia Nacional de Seguridad Publica. Dicha academia debera tener planteles distribuidos regionalmente y su funcion sera la preparacion de los cuerpos policiales, tanto preventivos como investigadores y tecnicos especialistas en servicios periciales.
Esta academia lograra profesionalizar a los cuerpos policiales, asi como homologar los niveles de preparacion de las policias federales y locales, con la consecuente mejora en el servicio de seguridad.
Simultaneamente, debemos hacer mucho mas rigurosa la seleccion del personal que labora en los cuerpos de policias federales, mediante la puntual aplicacion de procedimientos que aseguren su capacidad intelectual fisica y de servicio.
Al mismo tiempo, es necesario alentar a los estados y municipios, para que en el ambito de su competencia apliquen mecanismos de seleccion igualmente rigurosos.
Asimismo, debe reglamentarse y utilizarse cabalmente el Registro Nacional de Servicios Policiales, como instrumento para lograr un mejor control y aprovechamiento de los recursos humanos.
En la medida en que los cuerpos policiales esten bien preparados y cumplan su labor con creciente eficiencia y honestidad, mejorara la seguridad publica.
Queremos mejores policias, orgullosos de su profesion, en quienes la sociedad reconozca a servidores publicos dignos, honrados, eficientes y confiables.
SEGUNDO.- Mejorar la administracion de los cuerpos de seguridad publica.
Es indispensable destinar mayores recursos financieros a la seguridad publica, pero es igualmente indispensable que toda inversion este acompanada de una asignacion escrupulosamente honesta y eficiente de los recursos.
Por ello, propongo un cambio radical en la concepcion de la administracion de la seguridad publica, a partir de la eficiencia como elemento basico.
Vamos a aprovechar la experiencia y los conocimientos de administradores publicos altamente calificados, para que los apliquen en las tareas de seguridad publica.
No hay razon para que los cuerpos de seguridad publica no se rijan por una eficiente y moderna administracion de recursos humanos, materiales y financieros.
Propongo, asimismo, perfeccionar los procedimientos operativos de supervision y control, a fin de dotar al policia con directrices claras y permanentes para su actuacion, con apego a las leyes y respeto a los derechos humanos.
Debemos promover la incorporacion y el desarrollo de tecnicas de planeacion que permitan establecer el numero y la calificacion de los recursos humanos necesarios en cada corporacion, en funcion del nivel y el tipo de los delitos, la densidad de poblacion y las caracteristicas socioeconomicas y geograficas de cada zona.
Para combatir la corrupcion es absolutamente indispensable proceder con todo el rigor de la Ley para castigar los actos de abuso de autoridad, independientemente del nivel jerarquico en que se cometan.
Como complemento de lo anterior es preciso fortalecer las Unidades de Inspeccion Interna, con los recursos tecnicos y materiales suficientes para el cumplimiento de sus labores de esclarecimiento de quejas ciudadanas y de supervision del cumplimiento de las acciones a cargo de los cuerpos policiales.
Las tareas de contraloria interna en las dependencias de seguridad publica, seran fortalecidas y se garantizara que las quejas de los ciudadanos sean bien atendidas, con prontitud y eficiencia.
Adicionalmente, propondre para la capital del pais el fortalecimiento de una Unidad de Atencion a la Ciudadania, con acceso directo al Jefe del Departamento del Distrito Federal y vinculada a los Consejos Ciudadanos de cada una de las delegaciones, que asegure la respuesta oportuna y eficiente a las quejas motivadas por la actuacion indebida de los cuerpos de seguridad.
Debemos alentar que en el marco del federalismo se cree esta instancia, independiente de los cuerpos de seguridad, bajo la supervision directa de los gobernadores de los estados.
Es preciso integrar y sistematizar la informacion con que cuentan las instituciones de seguridad publica y su personal, para apoyar eficientemente las estrategias de accion y la toma de decisiones.
Hoy en dia no existe en Mexico una base de datos confiable en materia de criminalidad. Sin ella no es posible combatir el crimen en forma sistematica y eficaz. No se puede combatir lo que no se conoce.
Por ello propongo la creacion de un sistema Nacional de Informacion Policial moderno y confiable, que pueda ser consultado por las autoridades federales, estatales y municipales.
Dicho sistema debera estar en operacion dentro de los seis primeros meses de la proxima administracion y contendra informacion sobre delincuentes, bandas, formas delictivas y tipos de armamentos de organizaciones criminales.
Propongo modernizar la tecnologia que utilizan los cuerpos policiacos, aprovechando los adelantos en materia de telecomunicaciones, procesamiento de informacion y equipo de detencion.
De igual manera, promoveremos a nivel nacional el uso del Sistema Telefonico de Emergencia denominado 08, para agilizar la capacidad de reaccion de las policias, en beneficio de la seguridad publica.
Una mejor administracion de los cuerpos de seguridad, con la ayuda de tecnologias avanzadas, redundara en una mejor operacion policial, el abatimiento del delito y, por lo tanto, la seguridad, el orden y la paz para los mexicanos.
TERCERO.- Por una eficiente coordinacion policial.
En Mexico contamos con cerca de 2 mil cuerpos policiales, en las esferas federal, local y municipal. Algunos realizan funciones preventivas, actuando en los tres niveles de Gobierno, para evitar la comision de actos ilicitos.
Otros, las policias judiciales, estan en las esferas estatal y federal, investigando delitos del fuero comun o federal, respectivamente.
Actualmente existen problemas de coordinacion, que surgen de los diferentes procedimientos, entrenamientos y niveles de capacitacion de los cuerpos policiales.
Es necesario que existan niveles minimos, claros y homogeneos de capacitacion, conocimientos y metodologias, en todos los cuerpos de policia del pais.
Para mejorar los esquemas de coordinacion, propongo que con apego a la normatividad vigente para la administracion publica federal, en el ambito de competencia de la Secretaria de Gobernacion y escuchando a la sociedad, se formule un Programa Nacional de Seguridad y Procuracion de Justicia.
Dicho programa seria coordinado por un Consejo Nacional, que tendria la responsabilidad de consultar, normar y promover las politicas adecuadas.
Ademas, este consejo procuraria concertar y coordinar con los gobiernos estatales, la aplicacion de programas analogos en cada entidad federativa.
De gran importancia sera establecer convenios entre el Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados donde no existan y revitalizar aquellos que ya existen.
Dichos convenios incluiran programas de entrenamiento, definicion de procedimientos y metodologia para la persecucion del delito, asi como modalidades de financiamiento conjunto para estas tareas.
 En el marco del nuevo federalismo, sera necesario promover que se canalicen hacia los estados y municipios, mayores recursos financieros, de asesoria, tecnologia y de capacitacion de personal.
 Solo asi podra brindarse un apoyo efectivo a las policias locales, para su equipamiento, profesionalizacion y eficiencia.
Con una mejor coordinacion de los elementos con que contamos para combatir el crimen, fortalecemos la seguridad, el orden y la paz en todas las comunidades del pais.
Mi compromiso es atender la demanda de los mexicanos, para que nuestras instituciones policiales sean fuertes y no arbitrarias, que actuen coordinadamente y no con esfuerzos dispersos.
CUARTO.- Por una gran campana de prevencion del delito.
Una forma de combatir el delito es castigar al delincuente. Una forma mejor es evitar que el delito sea cometido.
La reforma que emprenderemos reconoce que la participacion social es un aliado de vital importancia.
Debemos incorporar en esta tarea a todas las instituciones sociales: la familia, la escuela, la empresa, las organizaciones vecinales y comunitarias, asi como los medios de comunicacion.
El Estado es el unico responsable de perseguir los delitos, pero la sociedad puede colaborar con el Estado, para garantizar el mejor cumplimiento de su obligacion.
Las autoridades podran actuar con mejores resultados si la ciudadania denuncia los delitos oportunamente, si la ciudadania reporta donde y como actua la delincuencia.
De ahi que sea necesario crear las condiciones para que la poblacion, en un ambiente de atencion, confianza y buen trato, denuncie los actos ilicitos.
La actuacion de los medios de comunicacion es excepcionalmente util para generar una cultura de seguridad.
De hecho, es oportuno recordar que la Ley General de Educacion dispone, en sus Articulos 7o., 8o. y 74, que los medios de comunicacion masiva contribuiran al desarrollo integral del individuo, a fortalecer la conciencia de la nacionalidad, la soberania y las instituciones nacionales, asi como a promover el valor de la justicia, la observancia de la Ley y la igualdad de los individuos ante esta.
El cumplimiento de responsabilidades por parte de la autoridad, ocasiona que problemas de menor magnitud relativa se conviertan en grandes problemas de seguridad publica.
Es el caso del trafico de armas y autos robados, que luego son utilizados para delinquir.
Es el caso tambien de la proliferacion de centros de vicio, con su secuela de violencia y droga; es el caso de la carencia de servicios publicos, como alumbrado y vigilancia en las carreteras.
Cada dependencia de Gobierno debera cumplir con su propia responsabilidad y establecer sus metodos de supervision y control especificos.
Asimismo, deberan coordinarse para cumplir con las tareas de prevencion de su competencia.
Debemos hacer mas eficientes los procedimientos de readaptacion social, a fin de reincorporar a la sociedad, con un animo de participacion y productividad, a quienes han delinquido.
Propongo que se evite el abuso de las armas privativas de la libertad para castigar delitos menores y en cambio se promuevan penalidades mas severas para los delitos mas graves.
Ni una falta menor debe traducirse en una larga detencion, ni un acto ilicito grave debe encontrar un resquicio por el cual se alcance una libertad inmerecida.
Con este mismo fin, es necesario mejorar la atencion de los menores infractores. El problema de la infraccion de la Ley por ninos y jovenes, es preocupante, por los cambios cualitativos que ha experimentado: crecimiento de delitos violentos y la aparicion de menores con caracteristicas de alta peligrosidad.
Las medidas que he propuesto en este y otros rubros estan estrechamente vinculadas.
Quiza la principal accion que podemos tomar para prevenir el delito, es garantizar a todos los mexicanos y en especial a los jovenes, un empleo digno, acceso al sistema educativo y oportunidades de esparcimiento y recreacion.
Por ello, la politica economica y social que he propuesto en otros foros, sera un instrumento central para la prevencion del delito.
Mayor prevencion significa menos crimen y menos crimen significa mas seguridad.
QUINTO.- Por una lucha firme y permanente contra el narcotrafico y los secuestros.

Reconceptualizar las instituciones
que combaten al narcotrafico y sus secuelas

Contamos con un extenso territorio y con amplias fronteras. Ello ha facilitado que se incorporen al pais problemas delictivos generados en el exterior.
Digamoslo claramente: en el narcotrafico Mexico padece los efectos que producen patrones de cultivo, adiccion, violencia y consumo, que se presentan mas alla de nuestras fronteras.
El motor del narcotrafico se encuentra en el consumo. Por ello los paises consumidores deben asumir su responsabilidad y atacar frontalmente este problema.
El trafico de droga constituye uno de los fenonemos mas complejos y destructivos de la sociedad contemporanea y debe ser combatido como una prioridad nacional.
Su existencia atenta contra la seguridad e integridad de los individuos y, ciertamente, contra las instituciones.
Quiero hacer un especial reconocimiento a la labor eficiente, comprometida e incansable de nuestras fuerzas armadas, en el combate de este mal.
Manifiesto mi solidaridad con las familias de todos aquellos mexicanos, de las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos, que han perdido a un padre, un hijo o un hermano en esta batalla permanente.
Su ejemplo debe inspirar un creciente y firme esfuerzo, que solo concluira cuando derrotemos al narcotrafico.
Lo he afirmado y hoy lo reitero: no escatimaremos recursos ni energia para acabar con el narcotrafico. Se que esta en el animo de la sociedad entera y por ello propongo utilizar toda la fuerza del Estado para someterlo en nuestro territorio.
La reforma que propongo comprende el reforzamiento de los programas de combate al narcotrafico, atendiendo a los diferentes niveles en que se perpetra: produccion, trafico, venta y consumo; lavado de dinero, tolerancia y corrupcion. Cada uno de ellos tiene sus particulares que deben ser tratados de manera especial.
Cerraremos el camino de las drogas desde su produccion y trafico hasta su destino final con tecnologia, con capacitacion, con la debida coordinacion entre instituciones y entre paises, respetando plenamente nuestra soberania.
No podemos soslayar los efectos colaterales del consumo de drogas que afecta a la familia y la amenaza incluso con su desintegracion. Por eso debemos fortalecer los programas de informacion, orientacion, apoyo, seguridad social y tratamiento en beneficio de los jovenes.
La corrupcion acompana al narcotrafico. Debemos ser inflexibles en el combate a la tolerancia, simulacion, negligencia, filtracion de datos, alerta sobre operativos, sustraccion o modificacion de informacion o cualquier otra forma de complicidad con esta practica.
Para enfrentar este grave problema, propongo establecer y reconceptualizar las instituciones especializadas en la lucha contra el narcotrafico. Es necesario consolidar el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, asignandole tareas especificas de investigacion sobre las organizaciones criminales dedicadas al narcotrafico, asi como de combate al lavado de dinero.
Asimismo, es necesario continuar la revision de nuestras leyes para que permitan la adecuada persecucion del narcotrafico y los delitos colaterales.
El tema del narcotrafico no puede ser unicamente una responsabilidad federal. Esto reduce la eficacia con que puede ser combatido y margina a los gobiernos estatales y municipales, desestimando su capacidad para participar en un esfuerzo integral. Debe estudiarse y promoverse el marco juridico que permita una eficaz concurrencia de los tres niveles de gobierno en el combate a este delito.
Una demanda que he escuchado insistentemente en esta campana es la de promover el establecimiento de penas mucho mas severas para quienes cometan estos delitos, con lo cual estoy de acuerdo.
Trafico y portacion de armas, secuestros, homicidios que consternan a la sociedad, danos a personas e instalaciones por explosivos, asaltos bancarios, fraudes y extorsion son acciones colaterales al narcotrafico y son crimenes que debemos combatir con toda la firmeza que reclama la sociedad. Contra ellos opondremos de manera especial acciones coordinadas, con fundamento en la capacitacion especializada, la inteligencia y la tecnologia.
Uno de los crimenes mas infames es el secuestro, vulnera a la persona al privarla de su libertad y lesionar su dignidad humana; dana gravemente a su familia, genera zozobra en la sociedad y si queda impune, fractura el Estado de Derecho.
Ante la reciente proliferacion de secuestros, propongo emprender un esfuerzo sistematico y resuelto basado en la investigacion y la inteligencia para prevenirlos y combatirlos. Es preciso fortalecer la capacidad de reaccion cuando estos ocurran.
Consecuentemente, propongo crear, en el seno de la Procuraduria General de la Republica, una Unidad de Reaccion Antisecuestros eficaz, altamente preparada, cuyos trabajos esten respaldados por la recabacion permanente de informacion, su sistematizacion y el empleo de equipo tecnologico avanzado y metodos y procedimientos modernos.
La accion de esta unidad debera orientarse a apoyar la labor de las policias judiciales en el desmembramiento de bandas nacionales y otras que operan en el pais.
Este cuerpo especializado ofrecera medidas de prevencion del delito, recomendaciones y apoyo tecnico a los estados y municipios, asi como a quien lo solicite.
No permitiremos que el narcotrafico, los secuestros y los demas delitos que los acompanan sujeten la vida social al temor y la zozobra.
Debemos combatir sin tregua a quienes lesionan la vida individual y familiar, asi como el patrimonio producto del esfuerzo. Esta lucha es urgente y necesaria para que prevalezcan el Estado de Derecho, las instituciones de la Republica y la convivencia armonica.
Hoy me comprometo a encabezar esa lucha y hacer que juntos, sociedad y gobierno, la ganemos.
SEXTO.- Modernizacion de la funcion del Ministerio Publico.
Ademas de agraviar a sus victimas, la comision de delitos violenta el orden social y fractura el imperio de la ley.
Por ello, la reaccion ante la delicuencia debe provenir de las instituciones del Estado. La Constitucion de la Republica ecomienda la persecucion de los delitos al Ministerio Publico y le confiere el monopolio de la accion penal, la cual debe ejercitar invariablemente si existen elementos suficientes para confirmar la presunta respponsabilidad de una persona y la existencia de un delito. Cuando no lo hace, aun existiendo estos elementos, propicia la impunidad, agravia aun mas a las personas afectadas o a su
s familiares y falta a su obligacion constitucional.
No debe tolerarse que por el comportamiento negligente y, menos aun, por actos de corrupcion de los agentes del Ministerio Publico, quede ningun delito sin ser perseguido.

Ajustes al MP

Actualmente, existen al interior de la Procuraduria General de la Republica y la de Justicia del Distrito Federal, instancias de revision para los casos en que el Ministerio Publico decide no ejecitar la accion penal. Sin embrago, durante ni campana he escuchado en reiteradas ocasiones que este instrumento de revision no funciona.
Por ello, sugiero promover las reformas necesarias para establecer mecanismos efectivos de impugnacion contra la decision de no ejercicio de la accion penal.
El tema es complejo. Debe debatirse si el mecanismo de control debe ser adminstrativo, es decir, dentro del propio Ejecutivo, o jurisdiccional.
Por ello, convoco a los juristas de Mexico a que hagan una propuesta que permita cumplir de la mejor forma el objetivo que estamos aqui planteando.
Debemos emprender una trasnformacion profunda en distintos anbitos relacionados con la procuracion de justicia. Uno de ellos es el grave rezago en las averiguaciones y ordenes de detencion de presuntos delincuentes. Para corregir este rezago que atenta contra el caracter expedito de la justicia, propongo instrumentar una estrategia nacional de regularizacion de averiguqaciones previas y ordenes de aprehension de caracter emergente, que permita esclarecer con la mayor celeridad posible aquellos delitos que r
epresentan mayor costo social.
Es preciso reforzar los recursos humanos y financieros del Ministerio Publico para abatir los rezagos y equiparar la capacidad de respuesta del gobierno con el volumen de denuncias y demandas de la sociedad.
Asimismo, ante la necesidad de establecer un vinculo directo entre la sociedad civil y los organos que procuran justicia, propongo la creacion y, en su caso, el fortalecimiento de areas de servicios a la comunidad en todas las procuradurias. Estas tendran la funcion de humanizar la procuracion de justicia, atender las demandas y preocupaciones de la ciudadania en esta materia, auxiliarla cuando acuda ante las autoridades conducentes, asi como vigilar que reciba un servicio respetuoso y eficiente.
Especial atencion se debera brindar a las victimas de los delitos sexuales; me interesa de manera especial la situacion de las mujeres que enfrentan esta problematica. De igual manera me preocupa la creciente violencia intrafamiliar, asi como la atencion a menores que sufren las consecuencias de dicha violencia.
Al modernizar la operacion de los ministerios publicos, estaremos dando el primer paso para abatir la impunidad, ese fenomeno que tanto dano le causa a nuestro Estado de Derecho.
Nuestro proposito compartido debe ser que las autoridades, senaladamente el Ministerio Publico, recobren la confianza ciudadana, exigiendoles un desempeno diligente, puntual y de servicio.
En un pais de leyes e instituciones, no debe haber lugar para el abuso y la negligencia.
SEPTIMO.- Por una reforma integral del Poder Judicial.
La modernizacion del Poder Judicial es un sentido reclamo de todos los mexicanos. Por ello, propongo presentar las iniciativas correspondientes al Congreso de la Union y tomar las medidas conducentes para reformar los sistemas de justicia del fuero federal y del Distrito Federal.
Igualmente, propongo que en el marco del nuevo federalismo, las iniciativas de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para los proximos ejercicios fiscales consideren los recursos necesarios para instrumentar un programa de apoyo a las entidades federativas que permita llevar a cabo la modernizacion de sus respectivos sistemas de justicia.
Nuestras instituciones deben ser capaces de impartir justicia de manera pronta y expedita como lo ordena nuestra Constitucion.
Hoy en dia, el pleno de la Suprema Corte de Justicia ejerce funciones de caracter administrativo, ademas de su actividad sustantiva, la jurisdiccional.
En busqueda de una mayor eficiencia, debe estudiarse el separar las funciones jurisdiccionales y las administrativas, adscribiendo cada una de ellas a organos distintos que las ejerzan con exclusividad.
Debe exminarse la conveniencia de someter a la consideracion del Congreso Federal, previa consulta con la comunidad juridica, la creacion de un organo de gobierno del Poder Judicial de la Federacion, para que ejercite las funciones administrativas que le corresponden.
Ademas, existe lentitud en el desahogo de los procedimientos debido a formalidades excesivas y plazos prolongados, asi como a la falta de sistemas operativos modernos.
El costo que ello implica hace que pierda sentido acudir a los medios formales de imparticion de justicia. Por ello ofrezco promover una reforma legal que, sin menoscabo de la seguridad juridica, simplifique la tramitacion y reduzca los tiempos de los diversos procesos, estableciendo las vias necesarias para facilitar la conciliacion entre las partes, aun cuando los juicios estuviesen ya en proceso.
Adicionalmente, propongo ampliar los apoyos necesarios para fortalecer los programas de modernizacion operativa de los organos jurisdiccionales a fin de dotarlos con sistemas de informacion y comunicacion avanzados.
La justicia de paz es una instancia jurisdiccional que permite la resolucion rapida de conflictos de baja cuantia, mediante procedimientos claros y sencillos. Sin embargo, el monto excesivamente bajo de los asuntos ventilados en esta jurisdiccion, impiden a la ciudadania aprovechar sus ventajas procesales.
Las limitantes en este sistema obligan a los Juzgados de Primera Instancia a conocer muchos casos que se podrian resolver satisfactoriamente ante un juez de paz, lo cual liberaria tiempo y recursos que les permitirian atender problemas de mayor cuantia. Por ello, debemos fortalecer la justicia de paz, ampliando el monto de la cuantia que fija su competencia y revisando sus procedimientos y funciones a fin de permitir que un mayor numero de asuntos puedan ser resueltos con la flexibilidad y rapidez propias d
e esta jurisdiccion.
Nuestro sistema juridico admite que en ciertas contiendas juridicas de interes privado las partes sustituyan voluntariamente los organos jurisdiccionales por la actuacion de particulares, bajo la tutela del Estado.
Debemos promover el fortalecimiento del arbitraje dotando al arbitro con mayores facultades para hacer mas util y efectiva su intervencion en las controversias que se le sometan. De esta manera el arbitraje podra constituirse en un verdadero mecanismo alternativo para la solucion de conflictos, en beneficio de quienes deseen recurrir a el.
Uno de los problemas mas importantes relacionados con la eficiencia del sistema de justicia es la falta de cumplimiento de las sentencias dictadas en los diversos juicios.
En materia penal la situacion es inadmisible. Hay personas a las que se les ha dado una sentencia absolutoria y que por falta de ejecucion de la sentencia continuan privadas de su libertad.
Por otro lado, la experiencia demuestra que en algunos juicios de amparo existe dificultad para que la autoridad responsable cumpla oportuna y cabalmente con aquellas resoluciones que declaran a los actos del poder publico como violatorios de garantias. Ello debilita al Poder Judicial y vulnera el control efectivo del poder publico.
Ante esta circunstancia, debemos promover las reformas necesarias para fortalecer las atribuciones de los organos del Poder Judicial de la Federacion para que puedan obligar el cumplimiento de las resoluciones en el menor tiempo posible. En ello estriba la consolidacion del control sobre la constitucionalidad de los actos de la autoridad publica.
Tambien en los juicios ordinarios la ejecucion de sentencias se enfrenta con grandes dificultades. Por eso propongo elevar a la consideracion del Congreso de la Union las reformas necesarias para dotar a los jueces de mayores atribuciones, que permitan lograr el estricto cumplimiento de sus resoluciones.
Contraigo el compromiso claro, firme e inquebrantable de cumplir y hacer que los servicios publicos que colaboren en mi gobierno cumplan oportunamente con las resoluciones de los Tribunales. En caso de no hacerlo, se expondran a que la autoridad judicial ejercite con todo rigor los instrumentos con que he propuesto dotarlas. Asi lo exigen la respetabilidad y el fortalecimiento de nuestro sistema de imparticion de justicia y, sobre todo, la preservacion de nuestro orden constitucional.
El funcionario publico debe ser el primero en acatar la ley. Quien aspire a servir a la nacion debe velar en todo momento porque asi sea. Ese es mi compromiso.
OCTAVO.- Independencia de los jueces y calidad en la imparticion de Justicia.
En buena medida, la fortaleza del Poder Judicial depende de que cada ministro, cada magistrado y cada juez, actuen con absoluta independencia, observando y aplicando exclusivamente la Ley.
La independencia debe ser la calidad mas importante de los jueces.
Hoy todo Mexico exige elevar la calidad en la imparticion de justicia y aqui que es principalmente tierra de grandes juristas y magnificos jueces.
Por eso sabemos que los jueces deben contar con un amplio reconocimiento del derecho que les permita ejercer la potestad jurisdiccional, atendiendo a los elementos de cada caso y el contenido de las normas juridicas que deben aplicar.
La reforma que propongo busca conjugar estos dos elementos: independencia y calidad en la imparticion de justicia.
Para alcanzar ese objetivo debemos promover las reformas que consoliden la carrera judicial, es decir, un sistema institucional de designacion y ascenso de jueces y magistrados; el establecimiento de sueldos y prestaciones que fortalezcan la independencia del juzgador y el impulso a los sistemas permanentes de capacitacion profesional.
El sistema institucional de designacion y ascenso debe garantizar que los distintos cargos dentro del Poder Judicial, tanto en el ambito federal como en el local, sean ocupados por personas idoneas, atendiendo a su preparacion, capacidad, honorabilidad y meritos en su desempeno.
La reforma que propongo busca conjugar estos dos elementos.
Me comprometo a promover las reformas necesarias para establecer criterios y reglas claras de seleccion, promocion y remocion de los miembros de la judicatura.
El gobierno federal debera apoyar a las entidades federativas para establecer un sistema de sueldos y prestaciones para los funcionarios judiciales del fuero comun; que reduzca la brecha que actualmente existe respecto de los del fuero federal.
Ello los dotara de garantias para concentrarse de manera cabal en su delicada tarea, eliminando las presiones economicas que necesariamente distraen su atencion y ocupacion.
Para que la tarea judicial sea ejercida por personal altamente calificado, propongo fortalecer al fuero federal y del Distrito Federal, los mecanismos de formacion profesional del candidato a la judicatura y la actualizacion profesional permanente para los funcionarios judiciales.
En el marco de nuestro pacto federal, invitare respetuosamente a las entidades federativas a que, en la esfera de sus facultades soberanas hagan suya esta propuesta.
Cuando el juez actua con parcialidad, por razon de sus propios intereses, la respetabilidad y la credibilidad del aparato judicial quedan vulneradas y se debilita nuestro Estado de Derecho.
No debemos permitir que la importante funcion encomendada a la judicatura quede ensombrecida por los casos excepcionales de mala actuacion de alguno de sus integrantes.
Sabemos bien que la mayoria de los jueces y funcionarios judiciales siempre actuan con profesionalismo y honestidad. Sin embargo, debemos reconocer que en ocasiones encontramos funcionarios que se desempenan con parcialidad y hasta con corrupcion.
Estos funcionarios son los que siembran dudas en la poblacion sobre la honorabilidad de los jueces que hacen creer que la corrupcion es la que impera.
Es preciso promover las reformas pertinentes para aumentar la punibilidad de los delitos en la administracion de la justicia.
Asi tambien, propongo perfeccionar los sistemas para que los ciudadanos puedan denunciar los actos que los servidores publicos del Poder Judicial realicen fuera de la Ley.
En este sentido, sociedad y gobierno deben imulsar el reconocimiento y premiar el buen desempeno de los funcionarios judiciales y establecer sanciones claras para quienes violan la Ley cuando su funcion es precisamente aplicarla.
La transparencia en la imparticion de justicia beneficia a todos, en primer lugar, a los miembros del Poder Judicial, se vera fortalecida la honorabilidad de su funcion y acrecentado su respeto y estima sociales.
NOVENO.- Garantizar para todos el acceso a la Justicia. El sistema de imparticion de justicia debe garantizar que sus beneficios lleguen a todos, sin embargo, existen diversos factores que impiden el acceso a la justicia a muchos mexicanos, especialmente a los que menos tienen.
Hoy en dia, los sistemas de informacion y difusion sobre el contenido de las leyes, son insuficientes y no facilitan a la ciudadania en la forma deseada, un conocimiento preciso sobre sus derechos y sobre como hacerlos valer.
Propongo instrumentar una campana permanente de difusion masiva con objetivo de fomentar una cultura juridica entre la poblacion.
Debemos impulsar la informacion sobre los derechos y garantias de cada persona para que sean respetados cabalmente, al igual que en informacion, la asesoria juridica es un rubro que requiere atencion inmediata, pues es un elemento preventivo de conflicto que motiva a los inconvenientes a entrar en un juicio.
En los ultimos anos hemos creado instituciones que brindan asesoria juridica a diversos sectores de la poblacion mas necesitada. Existen ademas, despachos y organizaciones no gubernamentales que han desempenado una noble labor, prestando estos servicios en forma gratuita en beneficio de muchas personas.
Sin embargo, este gran esfuerzo es todavia insuficiente para satisfacer las necesidades actuales.
Me comprometo a promover y respaldar decididamente la labor que desempenan estas instituciones hasta ahora sin apoyo del Estado.
Estableceremos mecanismos agiles y afectivos para brindar estimulos economicos a los despachos y organizaciones no gubernamentales, dedicados a prestar asesoria juridica gratuita.
Uno de los factores que dificultan el acceso a la justicia es la lejania de los juzgados. Las personas que habitan en zonas rurales, en comunidades apartadas, tienen que recorrer largas distancias hasta las ciudades para acudir ante la autoridad judicial a resolver sus problemas.
Ello obliga a incurrir en gastos elevados, insostenibles para muchos mexicanos.
Para superar esta situacion apoyaremos a los estados de la Republica para que cuenten con los medios que les permitan incrementar el numero de juzgados, con una distribucion geografica adecuada que acerque a la justicia a las comunidades.
Ratifico asi el compromiso que ya he contraido con los mexicanos que menos tienen y que forma parte de la estrategia que he planteado para combatir la pobreza.
Cuando nos vemos precisados a acudir a los tribunales a resolver alguna controversia, requerimos necesariamente asesoria especializada.
Por un lado, la asesoria privada es costosa y por otro, los sistemas de defensoria de oficio presentan deficiencias que los hacen inadecuados.
Lamentablemente la labor de los defensores cuenta con poco reconocimiento pese a su alto espiritu de servicio social.
Los defensores de oficio, en especial los del fuero comun, estan mal remunerados, tienen una excesiva carga de trabajo y carecen tanto de infraestructura como del personal de apoyo suficiente para brindar una defensa adecuada.
La falta de incentivos ha impedido elevar la calidad profesional de los defensores y desaliente al ingreso de buenos abogados a la institucion.
Es necesario incrementar sustancialmente el presupuesto asignado a esta institucion, con objeto de superar rezagos, contar con la infraestructura para el desempeno de una labor eficiente, elevar la calidad de los defensores y estimular el ingreso de abogados profesionales.
Ello sera garantia de defensa a favor de la poblacion en general y particularmente de la de menores recursos.
De igual modo, es preciso aumentar el numero de defensores para que la carga de trabajo no implique un perjuicio para los usuarios de este servicio.
Sera indispensable establecer mecanismos para alentar la labor de los defensores, creando una carrera en la que por meritos profesionales puedan tener acceso a mejores sueldos y mayores responsabilidades.
En el fuero federal avanzaremos el establecimiento de un sistema de procuracion para juicios de amparo que asegura una adecuada defensa ante cualquier acto de autoridad violatorio de garantias.
La reforma integral al sistema de justicia que propongo tendra como uno de sus objetivos fundamentales llevar mas justicia a los pueblos indigenas.
Quiero reiterar una vez mas el compromiso que he contraido para garantizar que los pueblos indigenas, sus integrantes cuentan ante los organos jurisdiccionales con sistemas afectivos de asesoria juridica y servicios de traduccion.
Mis propuestas habran de considerar el respeto a sus costumbres para preservar y consolidar sus valores culturales.
DECIMO.-Establecimiento de mecanismos efectivos para controlar los actos de autoridad.
La organizacion del poder y la actuacion de cada uno de los servidores publicos, esta investida de legitimidad si emana de la voluntad general de los mexicanos, plasmadas en nuestras normas juridicas.
La Constitucion, norma suprema del Estado, busca garantizar que las decisiones del pueblo tomadas democraticamente y por la via del derecho sean el origen y el fin de todo acto publico.
Por ello, toda autoridad publica puede legitimar su actuacion solo a partir del sometimiento irrestricto al derecho.
Cuando un servidor publico no actue al margen de la Ley violenta el orden constitucional, desprestigia a las instituciones y genera desconfianza social.
Ciertamente, los servidores publicos deben contar con las garantias legales necesarias para desempenar adecuadamente sus funciones. Pero al actuar con arbitrariedad, prepotencia o deshonestidad, deben ser sancionados con todo el rigor de la Ley.
Debemos reconocer que hoy en dia, los mecanismos de control de tales abusos no siempre son efectivos y por consiguiente el ciudadano puede quedar indefenso frente al poder publico.
Ello reclama una atencion inmediata para perfeccionar su detencion, control y sancion.
De ahi que debemos revisar y mejorar el marco juridico que castiga la actuacion ilegal de los servidores publicos y perfeccionar los mecanismos judiciales para fincar, cuando asi lo senala la Ley, la responsabilidad que proceda.
Es necesario complementar lo anterior con una mayor eficacia de los sistemas de contraloria dentro de la Administracion Publica, a fin de que las quejas que presente el ciudadano ante los propios organismos, no sean igornadas o relegadas y se tomen medidas energicas cuando los servidores publicos actuen ilegalmente.
De acuerdo con nuestra Constitucion, el Poder Judicial es el organo que debe garantizar que las autoridades acaten el orden juridico.
De ahi que esta reforma hace un enfasis esepcial en el perfeccionamiento de los mecanismos jurisdiccionales de control de constitucionalidad y de legalidad de las acciones del Estado.
Por ello propongo llevar a cabo una revision de la Ley de Amparo a efecto de simplificar el procedimiento y hacer mas accesible a todos, en especial a los que menos tienen, este importante instrumento de defensa frente a la autoridad.
Se ha debatido en la comunidad juridica con posturas encontradas sobre la conveniencia de dar efectos generales a las resoluciones de la Suprema Corte que declaren la inconstitucionalidad de una Ley o de cualquier norma de aplicacion general.
Propongo que se realice un profundo y meditado analisis que nos permita conocer con claridad las ventajas y desventajas de adoptar una reforma en este sentido para entonces formular una propuesta definitiva.
SEĽORAS Y SEĽORES:
La defensa de los derechos humanos es prioritaria en los esfuerzos de la sociedad mexicana, por alcanzar los niveles de seguridad que merece.
Mi compromiso firme y resuelto sera apoyar y llevar adelante la valiosa labor que desempena en este sentido la Comision Nacional de Derechos Humanos.
Mexico vive un momento coyuntural dificil, que ha vulnerado la seguridad y la confianza de muchos mexicanos.
Sin embargo, lejos de debilitar la via de la legalidad, la debe fortalecer.
Hoy, mas que nunca, los mexicanos demandamos la aplicacion de la Ley a quienes la violan de manera sistematica, agraviendo los derechos de los demas.
Hoy, mas que nunca, rechazamos la ruta de la intransigencia que desemboque en la violencia, en la imposicion de la fuerza sobre la razon.
Hoy, mas que nunca, los mexicanos estamos convencidos de que la via de la legalidad es la unica que puede procurar bienestar, orden y seguridad para todos.
El problema que afrontamos en materia de seguridad e imparticion de justicia es muy grave.
Por lo tanto, la respuesta habra de ser de gran altura.
Hoy he propuesto una estrategia para mejorar la seguridad y modernizar los sistemas de procuracion e imparticion de justicia. Es una estrategia que incorpora tecnologias modernas, que preve la dotacion de los recursos legales, organicos, funcionales y financieros; que ensancha los ambitos de participacion de la sociedad. Es una estrategia que alienta la participacion y la corresponsabilidad sociales y que podra enriquecerse con las contribuciones de juristas y demas interesados en estas materias.
Los mexicanos reclamamos y merecemos sistemas de proteccion ciudadana y de procuracion de justicia mas eficientes y confiables. Exigimos una mejor seguridad publica, que garantice plenamente la integridad y salvaguarda de nuestras familias, la continuidad de la armonia y la paz social. Exigimos que se aplique el Derecho y que se respeten nuestros derechos.
Hoy, como nunca, es urgente rescatar la dignidad publica y nuestra certidumbre de seguridad y justicia; urge recuperar la tranquilidad del jefe de familia que trabaja, que crea progreso para su hogar y para el pais; urge recobrar la tranquilidad de las hijas y el hermano que estudia y se prepara, de la madre que saca adelante a la familia.
Urge acabar con la impunidad y sentar las bases de certidumbre legal que requiere todo esfuerzo de superacion en el ambito social, politico y economico.
Hoy ratifico ante la nacion mi voluntad por el cambio, me sumo nuevamente al clamor popular por seguridad y justicia para la ciudadania.
Mexico tiene una larga historia de grandes luchas para construir una nacion soberana, libre, democratica y justa. Su edificacion ha conllevado el establecimiento de un Estado de Derecho que sabremos atesorar y deseamos preservar y fortalecer.
Esta estrategia se propone, justamente, consolidar nuestro Estado de Derecho para que Mexico llegue al siglo XXI como una nacion de leyes y desarrollo, de instituciones y bienestar; de libertad y justicia.
Ese es mi compromiso y sabre cumplirlo.
Muchas gracias.
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