SECCION CIUDAD PAGINA 15 BALAZO: TRANSACCIONES IRREGULARES CABEZA: CONSIGNAN A JUAN PABLO BECERRA ACOSTA Y MIRIAM MOLINA, ACUSADOS DE FRAUDE CREDITO: RUBEN GARCIA H. Acusados de presunto fraude por un monto superior a los 3 mil millones de nuevos pesos, fueron consignados ante el juez LXII penal del reclusorio sur, Juan Pablo Becerra Acosta Molina y Miriam Molina Sobrina, quienes supuestamente desde 1993 incurrieron en ilicitas operaciones en agravio de la empresa Offset Multicolor, SA de CV. Los inculpados, quienes tienen derecho a la libertad bajo fianza, afirmaron ser inocentes. Al dar a conocer lo anterior, la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) senalo que el pasado jueves se cumplimento una orden de aprehension que pesaba sobre el citado Juan Pablo Becerra Acosta Molina hijo de Manuel Becerra Acosta quien fuera subdirector de Excelsior y ex director del Uno mas Uno en la segunda mitad de la decada de los 70 y finales de los 80 y su coacusada, luego de que el propietario de la empresa en cuestion, Jose Guadalupe Gonzalez, detecto que ambo s efectuaron irregulares transacciones durante varios meses causando quebranto economico a la editora Multicolor por 3 mil 405 millones de nuevos pesos. Fuentes alternas a la PGJDF revelaron que Juan Pablo Becerra, hijo de Miriam Molina, esta involucrado en un adeudo de alrededor de un millon de dolares a la empresa Multicolor por el tiraje de la revista Macropolis, que debido a problemas de insolvencia dejo de circular desde hace aproximadamente seis meses. El desfalco de la revista fue provocado luego de que Enrique Molina, cabeza del grupo "Escorpion" integrada por empresas como Pepsicola y otras, y hermano de Miriam Molina, rompio con Juan Pablo y Miriam, responsables de la revista, tras el gigantesco adeudo que llegaron a acumular con el manejo de la publicacion. Tal situacion impacto severamente hasta provocar su cierre. Ofrecen testigos Se indico que tras ser puestos a disposicion del juzgado LXII, quien habia girado las ordenes de arresto desde febrero de 1993, los acusados solicitaron al juez la ampliacion del plazo constitucional de 72, a 144 horas, a fin de ofrecer pruebas suficientes para demostrar su presunta inocencia. La defensa de los acusados presento como testigos de descargo las declaraciones testimoniales de Jose Guadalupe Arriaga, Juan Rivas Lacayo y Lorenzo Mondragon. En la informacion proporcionada oficialmente por la PGJDF se omite senalar quienes son los testigos, cual es su relacion laboral y parentezco con los acusados, asi como si el Ministerio Publico cuenta con otras pruebas que pudieran ampliar el ejercio de la accion penal contra los acusados. Sin embargo, sera el proximo martes, cuando vence el periodo de ampliacion del plazo constitucional, en que el juez de la causa determinara si existen elementos suficientes para declararlos formalmente presos. Se aclaro que al no estar considerado el fraude generico como delito grave, los indiciados tienen derecho a la libertad provisional siempre y cuando garanticen una fianza de 3 millones 405 mil nuevos pesos en efectivo, ademas de pagar 20 mil nuevos pesos para obtener la libertad procesal y una multa adicional de 700 mil nuevos pesos. D .