guia: 0302626
seccion: Inf. Gral. pag. 12
cabeza: Un acuerdo real
por la democracia
credito: Hector Ramirez Cuellar
El Pacto para la Paz, la Democracia y la Justicia, suscrito por 8 partidos y sus respectivos candidatos presidenciales el pa- sado 27 de enero, constituye, sin duda, un paso importante para que el proximo 21 de agosto haya elecciones legales, creibles, respetuosas de la voluntad popular y cuyos resultados sean aceptados por todos los participantes y por el pueblo en general. Pero como ocurre con todos los acuerdos politicos, lo importante en este caso tambien seria que se acatara en la realidad y que se plasmara en la conducta concreta y especifica de cada uno de los partidos y de cada uno de los candidatos. Tendra que pasar, entonces, la dura prueba de la practica.
Los compromisos entre los partidos habian sido propuestas, sobre todo, por organizaciones civiles, que por cierto han proliferado en los ultimos anos. Surgieron tambien de Colosio y de Cardenas; pero lo importante de este Pacto es que fue promovido por la Secretaria de Gobernacion con una gran celeridad, tratando de que apareciera publicado antes de la partida del Presidente de la Republica a Davos, Suiza, en donde participo en el Foro Economico Mundial.
El punto nodal de este acuerdo esta en la imparcialidad con la que deben operar los organos electorales.
En efecto, mucho se ha avanzando al respecto, pues el doctor Jorge Carpizo, titular de la Secretaria de Gobernacion, ha declarado que no es un hombre de partido, y que "Mexico necesita que la eleccion federal de 1994 sea imparcial, transparente, creible, objetiva y aceptable por la sociedad y las organizaciones politicas. Mexico necesita que se hable con la verdad, que los resultados electorales sean aceptados por todos, porque no dejan vacios interpretativos ni dudas".
Una vez aprobada la legislacion de la materia por el Congreso de la Union, quedo un aspecto sustancial sin resolver en forma satisfactoria: la autonomia de los organos electorales con respecto del poder publico.
Al respecto, se hicieron distintas proposiciones para lograr esa imparcialidad, pero fueron desechados por la mayoria parlamentaria. Hubo tambien opiniones extremas e inconvenientes que sugerian que el gobierno se mantuviera al margen de los comicios, de una manera total, y que quedara bajo la exclusiva responsabilidad de los partidos politicos. Esta idea carece de sustento serio tanto en la teoria politica como en la experiencia concreta de los distintos paises del mundo.
El problema estriba en que esa participacion del poder publico, con ser necesaria, no implique beneficios siempre a un determinado partido politico, el que ha estado en el poder desde 1939, con lo que se introduciria un elemento distorsionador de los procesos electorales, ya que el resto de los partidos politicos, en esas condicionres, entran a la competencia politica en una situacion de profunda desventaja para ellos, lo que, sin duda, determina o influye mucho en los resultados electorales finales.
Si el Pacto se llevara a la practica, habria que volver a modificar la legislacion de la materia y se tendria que afectar, por ejemplo, la estructura del propio Instituto Federal Electoral, en donde el secretario de Gobernacion tiene una postura dominante. Y asi ocurriria con el resto de los organos electorales, hasta la mesa directiva de la casilla.
Abrigo serias dudas de que el PRI permitiera una reforma de esa naturaleza, ya que de hacerlo estaria poniendo en peligro su hegemonia politica, porque sin esos controles, las elecciones si implicarian una real competencia politica y los resultados seria totalmente inciertos y desiguales.
Existen otros compromisos importantes, como son los relativos a la confiabilidad del padron electoral, el acceso de los partidos a los medios de comunicacion, el financiamiento a los partidos, en los que si bien se han presentado avances, todavia existen notables desproporciones e inseguridades entre los partidos politicos.
En efecto, si los gastos de las campanas estan sujetas a las prerrogativas que otorga el IFE a los partidos politicos, entonces habremos de convenir que existe una diferencia abismal, pues el PRI obtiene el 52% del financiamiento total y en la medida en que se desciende, sobre todo a partir del PRD, los ingresos de los demas partidos son muy pequenos, y esto redunda, desde luego, en una desigual participacion politica.
No se han encontrado mecanismos que hagan menos inequitativas las asignaciones y las proporciones de recursos, de tiempo y espacio que se entregan a los partidos politicos en los medios de comunicacion, y estos son asuntos que quedaron pendientes en las discusiones del Congreso de la Union.
Si de verdad existe voluntad politica para reducir esas brechas, que en algunos casos son enormes, esta seria una materia del proximo periodo extraordinario de sesiones en San Lazaro
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