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SEC. INF. GRAL.
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CINTILLO: JESUS ORTEGA
CABEZA: No se debe excluir
al Congreso al decidir
la politica economica
CREDITO: RAUL ADORNO JIMENEZ


Tras manifestar que la diputacion perredista sigue analizando la situacion economica para ver si procede legalmente el juicio politico en contra del ex presidente Salinas, rechazo tajante la pretension del sector empresarial de privatizar organismos tan importantes como el IMSS, la Comision Federal de Electricidad y Pemex, entre otros.
Dijo que seria un error que ante la tentacion de obtener un poco de recursos para hacer frente a la actual crisis economica, la administracion publica decidiera vender paraestatales que tienen que ver con la soberania nacional y el bienestar social.
Opino que una vez que se toco fondo en materia economica y politica, ahora lo que se requiere es replantear las relaciones entre los autores sociales del pais, requiriendose en consecuencia un nuevo pacto nacional para crear un pais mas democratico y justo.
Entrevistado en las instalaciones del PRD en el Palacio Legislativo de San Lazaro, sostuvo que seria contraproducente volver a la politica de dilapidar los recursos y los patrimonios de la nacion.
Sobre la linea crediticia de alrededor de 15 mil millones de dolares que podria obtener el gobierno mexicano para salvaguardar la paridad del peso, preciso que ante tal situacion es imperioso un periodo extraordinario de sesiones. Apunto que seria importante que el Congreso de la Union acentuara su calidad fiscalizadora al manejo de los recursos procedentes del exterior con el proposito de que se canalizaran mas a los sectores productivos y no al pago de la deuda o la especulacion.
Senalo que en el caso de que los recursos fueran aceptados, la aprobacion del Poder Legislativo seria una ilegalidad que lesionaria a la mayoria de los mexicanos, porque solo se estaria heredando una deuda mayor a las generaciones futuras.
Considero que la actual administracion no debe sostener sus decisiones en cuanto a politica economica a traves del Pacto porque no es una instancia constitucional. La Carta Magna, apunto, establece con claridad que quien debe aprobar las politicas economicas es el Congreso de la Union.
Si no se analiza el Programa Economico Emergente en el seno del Poder Legislativo, simplemente no tendra ninguna validez y solo se tratara de una imposicion mas, y significaria que se esta apuntalando una vez mas el absolutismo presidencialista, significandose como un mal signo de lo que seria la relacion del primer mandatario con los demas poderes.
Expuso que las bases de un nuevo pacto social tienen que ver con una nueva relacion entre sociedad y gobierno, donde se ponga fin definitivo a la union de Estado-partido.

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