9 SEC. INF. GRAL. PAG. 6 CINTILLO: RAZONES CABEZA: Descentralizacion de recursos y reforma del poder CREDITO: Jorge Fernandez Menendez* Dicen que la principal preocupacion de Jaime Serra Puche antes de su comparencia ante el pleno de la Camara de Diputados fue que ese encuentro no se convirtiera en una conferencia academica, que debia ser claro que se trataba de un dialogo entre representantes de dos poderes de la Union. Serra Puche fue escrupuloso al respecto. Con un estilo tecnicamente riguroso pero coloquial, sin apabullar a los legisladores ni caer ni propiciar provocaciones, Serra profundizo mas que en los detalles del presupuesto y la ley de ingresos, en la filosofia de la nueva politica economica. Quizas para refrendar las formas que presento la comparencia. Serra Puche fue enfatico en el fondo: no se trata de una estrategia continuista dijo sino de "una nueva etapa" de la vida economica nacional. Y si bien muchas lineas de continuidad macroeconomica son notorias en la nueva estrategia, esta presenta aspectos definidamente novedosos y que confirman muchas de las propuestas programaticas que presento Ernesto Zedillo en su campana. En este sentido, destaca la decision de descentralizar los recursos "para lograr un crecimiento integral de la Federacion". La descentralizacion de los recursos y la decision de que se discuta un nuevo esquema de participaciones fiscales para los estados y municipios es una decision economica pero lo es sobre todo politica y afectara en forma directa las formas y el fondo del ejercicio del poder. La descentralizacion y el tema de la redistribucion de las participaciones fiscales ha sido un tema recurrente en la relacion entre los estados y la Federacion Basicamente los estados que generan mayores recursos fiscales se quejan de q ue no reciben participaciones de la misma magnitud, ello es especialmente notable en algunos estados petroleros como Campeche o Tabasco, pero tambien es una demanda de los estados del norte del pais, particularmente de los gobernados por el PAN: Chihuahua y Baja California. Asumir esa demanda es complejo en terminos del gobierno federal: no podemos olvidar que para el crecimiento integral, como lo planteo ayer el propio Serra es necesario que se subsidie fiscalmente a los estados mas pobres. Asumir la demanda de la redistribucion de las participaciones desde una perspectiva tan simplista de entregar a cada estado lo que genera de recursos fiscales lo unico que provocaria es una redistribucion aun mas injusta de las diferentes regiones y estados del pais. Tendriamos para utiliz ar un termino muy en boga al referirse a la economia europea que ya ha sido importado por el vocabulario economico mexicano: no podemos tener una economia de dos velocidades. Una que creceria con rapidez y consistencia y otra que se veria cada dia mas retrasada respecto a la primera. El costo social de un desarrollo de ese tipo lo estamos sufriendo, por ejemplo, en Chiapas hoy en dia. Por eso el equema debera ser otro: Serra especifico como operara esa descentralizacion en tres aspectos, sin que se modifiquen las participaciones. Por una parte se propone que los recursos se entreguen a los estados semanalmente para evitar falta de liquidez. Por otra, los impuestos locales que generen las paraestatales, sobre todo Pemex y la CFE se quedaran en sus lugares de origen, lo que ahora, pese a que asi esta estipulado en la ley, no se cumple. Esas decisiones iran de la mano con la propuesta de reformar el poder y acotar los poderes metaconstitucionales del presidencialismo. En otras palabras: si el poder central se descentralizara, si se otorgara mayor poder a los estados y municipios, lo logico es que esa descentralizacion politica se vea acompanada de un equivalente economico. Por eso el tercer capitulo de la redistribucion provendra, sobre todo de fondos federales: ello sera especialmente notable en relacion con el gasto social y la relacion de solidaridad con los municipios. Desde el inicio del pasado sexenio, el gasto social, que se fue incrementando en forma constante y que, como dijo ayer Serra en 1995 significara cinco pesos por cada uno que se abone a la deuda publica, se canalizo sobre todo a traves del Programa Nacional de Solidaridad, en forma centralizada. En otras pal abras: los estados y municipios recibieron las obras pero los recursos se distribuyeron a partir del gobierno federal. Esa decision fue, en su momento acertada: no se podia realizar un programa social con efectos rapidos y directos en la poblacion por sobre un sistema burocratico que especialmente despues de un sexenio de crisis y austeridad, estaba literalmente viviendo su propia crisis politica. Esa decision de ampliar el gasto social, distribuir centralizadamente pero en forma directa a los comites de base de Solidaridad sin pasar por las burocracias estatales y municipales, fue un elemento determinante para que las fuer zas renovadas pudieran imponer una serie de reformas sociales, politicas y economicas disminuyendo su posibilidad de resistencia hacia esas reformas. Pero desde hace aproximadamente ano y medio se asumio que esa etapa ya habia terminado. Progresivamente, el gasto social y sobre todo Solidaridad se ha ido municipalizando, distribuyendo durante el ano pasado una alta proporcion de sus recursos a traves de los municipios. Esa tendencia se profundizara en esta administracion. Sin embargo aun alli se presenta un problema si se continua con el actual criterio de que los municipios deben otorgar un peso por cada uno que reciben de Solidaridad, ello provoca el e ndeudamiento de los municipios con la banca de desarrollo y termina incapacitandolos incluso para la utilizacion de esos recursos federales. Muy probablemente, ese aspecto se elimine o se atenue lo suficiente como para no hacerlo una carga para los gobiernos municipales. Ello provocara que no solo que el poder politico se descentralice sino tambien que ello se vera fortalecido por recursos economicos que permitan ejercer ese poder a los estados y municipios, en una operacion que se debera repetir dentro de los propios estados, para el impulso de sus diferentes regiones. Si partimos de la base de que muchos de los poderes metaconstitucionales del presidencialismo parten de esa base economica, se podra comprender la trascendencia que tendra en terminos no solo economicos sino tambien politicos, esta medida. Y ello sin abordar, el peligroso tema de las participaciones fiscales: eso sera tarea del Consejo Asesor que Serra convoco ayer para analizar el tema. Pero esa no sera, ni duda cabe, una tarea sencilla. *Director Adjunto de El Nacional .