guia: 3012618
seccion: Inf. Gral. pag. 7
cabeza: Miles de indocumentados se vieron
replegados por la operacion bloqueo
credito: JUAN MANUEL CARMONA, CORRESPONSAL
(SEGUNDA Y ULTIMA PARTE)
CIUDAD JUAREZ, Chih., 29 de diciembre.-Las diocesis de esta ciudad y de El Paso condenaron el operativo estadounidense y pidieron una "moratoria", solicitando que se documentara a los trabajadores agricolas y trabajadoras domesticas. Reyes condiciono esa posibilidad al hecho de que el gobierno mexicano desplazara a lo largo de la frontera comun Mexico-Estados Unidos a los agentes migratorios de la Secretaria de Gobernacion y otorgara a cambio tarjetas verdes para cruces temporales.
El Congreso estadounidense aprobo un presupuesto de 84 millones de dolares para ampliar la Operacion Bloqueo, y solicito al Departamento de Justicia de Washington que tipificara como un delito mayor violentar las leyes migratorias de ese pais y para octubre envio a la corte dos mil 500 ilegales en juicio de deportacion.
Esta accion consistia en proporcionar un abogado a quien no pudiera pagarlo. Legalmente, el gobierno estadounidense prohibio a los indocumentados reincidentes, que pretendian volver, ingresar al territoro del norte, por lo menos durante cinco anos. De lo contrario se harian acreedores a penas de reclusion hasta por 10 anos y a una sancion economica de 150 mil dolares.
El Puente Internacional Paso del Norte, ubicado en la zona norte de Ciudad Juarez, tenia un movimiento espectacular de los miles de connacionales que masivamente eran deportados por la Patrulla Fronteriza y canalizados a la Oficina de Poblacion adscrita a la Secretaria de Gobernacion, de este lado del cruce internacional.
Mientras tanto, miles de paisanos que arriban a esta frontera con la pretension de incursionar en Estados Unidos, comenzaron a deambular por las calles y en zonas residenciales, solicitando ayuda economica, alimentacion y ropa, ocasionando un grave problema social.
Algunos de ellos preferian delinquir cometiendo una serie de fechorias, desde asaltos, robos de carteras o de vehiculos y casas habitacion.
La Policia Judicial del Estado, en coordinacion con la Direccion de Seguridad Publica Municipal, registraba un incremento en actos delictivos y vagancia; cientos de miles de personas del interior de la Republica solicitaban apoyo a las direcciones de Desarrollo Social y a la presidencia municipal para que se les costearan los gastos para retornar a sus lugares de origen.
Algunos de ellos preferian enfrentar las nuevas condiciones de vida que se les presentaba, empleandose como barrenderos y "limpiaplatos" a cambio de algunas monedas o alimentacion, mientras que otros deambulaban por las calles de las zonas residenciales y maquiladoras para solicitar empleo, unos con menos suerte y de procedencia extranjera se "entregaban" a las autoridades municipales
  oras para solicitar empleo, unos con menos suerte y de procedencia e
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