SEC. INF. GRAL.
PAG. 7
CINTILLO: ASEGURA QUE NO BUSCA ESPECTACULARIDAD
CABEZA: No hay demoras e la lucha contra la
impunidad, afirma la Fiscalia Electoral
CREDITO:


Asi lo senalo la instancia a cargo de Ricardo Franco Guzman, a la vez que subrayo que la impunidad debe combatirse dentro de la legalidad, pues una consignacion por delito electoral precipitada, como consideran algunos, provocaria injusticia. La fiscalia no busca espectacularidad, sino cumplir su deber.
Lo anterior fue senalado en respuesta a las declaraciones de censura referentes a "lentitud" en sus funciones encomendadas y que indican que con ello se esta fomentando la impunidad de las conductas delictuosas comprendidas en esa especie de ilicitos penales.
Preciso en ese sentido que la fiscalia no procede penalmente en contra de alguien, sino una vez que en la respectiva averiguacion previa se hayan acreditado todos los elementos del tipo penal de que se trate y la probable responsabilidad de los imputados.
Indico que muchas personas y numerosos grupos de ciudadanos, quienes alentaban la idea de que la creacion de la Fiscalia en Delitos Electorales -en vista de la pasion que por su propia naturaleza impregna una contienda electoral al mas alto nivel de relevancia-, pensaban que su formacion daria el efecto inmediato de que servidores publicos, funcionarios partidistas y aun particulares, en muy corto plazo, quedaran en prision preventiva.
Esa idea, apunto la instancia en un comuicado, no es de extranar, dado que aun persisten en el ambiente nacional vestigios de lo que fue una cultura de la prepotencia y la arbitrariedad, que impiden percibir, con la debida mesura, las vicisitudes que entrana el crear, casi inopinadamente, un organo persecutor de delitos que se ajuste estrictamente a las nuevas reglas plasmadas en la Constitucion.
Explico que en nuestra legislacion penal no hay un termino para resolver una averiguacion previa, por lo que se consignaran unicamente en las que se acrediten los elementos de uno o mas tipos de delitos electorales y tambien la probable responsabilidad de quien o quienes sean imputados, sin hacer distingo alguno en razon de que estos se califiquen o no como personajes importantes del mundo de la politica.
Reitero que la Fiscalia Electoral no hace pesquisas, ni persigue delitos solo por afan de perseguir, sino que todo su actuar se enmarca dentro de la legalidad.
Abundo que si de una averiguacion previa se desprende que hay datos suficientes que acrediten los requisitos necesarios -elementos del tipo y probable responsabilidad- para el ejercicio de la accion penal, se hara la consignacion correspondiente ante la autoridad judicial y lo hara igualmente, aunque ello tambien moleste a algunos.
No obstante, indico, en multiples ocasiones se han denunciado hechos supuestamente constitutivos de delitos electorales, apuntados muy superficialmente y sin acompanarlos de pruebas, lo que ocasiona que la fiscalia tenga que escudrinar en un ambito muy dificil para la integracion de pruebas.

ESTADO ACTUAL DE DENUNCIAS

Hasta ayer, la fiscalia contaba con 237 averiguaciones. De ellas: solo se ha consignado un caso, en el que figuran un director de escuela y un candidato a diputado en Tijuana, Baja California.
Se han enviado por incompetencia de esa instancia a la PGR, a las procuradurias del Distrito Federal y de los estados 51 averiguaciones, en razon de que los hechos denunciados probablemente configuren delitos federales o del fuero comun, aunque no electorales.
Asimismo, se determino el no ejercicio de la accion penal porque los hechos denunciados no configuran delito, en 12 averiguaciones. Se concluyo la reserva en tres denuncias, se acumularon dos y en total se terminaron 69.
En tramite existen 168 averiguaciones que, en su mayor parte requieren el desahogo de diligencias en lugares distantes del centro, como Quintana Roo y Baja California.
En cuanto a elementos humanos y materiales proporcionados a la fiscalia, del 19 de julio al 13 del presente mes, laboro con 64 personas, entre abogados y administrativos. A partir del 15 se cuenta con 144 servidores publicos, de los cuales 60 son agentes de la Policia Judicial Federal.
.