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SECCION: CIUDAD
CINTILLO: FIANZA DE N$ 54.9 A LIDERES DEL SINDICATO
CABEZA: CATEAN LOS LOCALES DE SUTAUR
CREDITO: MARTIN CHACON ALBARRAN



Dicho juez dicto una fianza de 54.9 millones de nuevos pesos para la libertad provisional de cinco dirigentes de ese organismo y su asesor juridico, Ricardo Barco Lopez, quienes se encuentran a disposicion del juzgado, involucrados en la comision del delito de abuso de confianza, por ocho mil 925 mil nuevos pesos, contra 254 ex trabajadores de Ruta-100.
Antes, unos 500 miembros del SUTUAR-100 realizaron ayer una manifestacion frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), para demandar la liberacion de los cinco dirigentes y de Barco Lopez.
En tanto, Rafael Alvarez y Fernando Gomez Islas, representantes de pensionados, jubilados y ex trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, que demandan la entrega de aportaciones del fideicomiso 4670-9 del sindicato en cuestion, por la cantidad antes senalada, afirmaron en conferencia de prensa que se unen a la peticion de una investigacion de los manejos economicos y politicos del SUTAUR-100, realizada por asambleistas y diputados federales 
Sobre el cateo, la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informo que se ordeno la diligencia para "preservar y asegurar documentacion y archivo de control de registro de los movimientos contables relacionados con la causa penal 147/94 que se instruye en contra de diversos dirigentes del mencionado sindicato".
El cateo en el local ubicado en el numero 5 de la calle de Laredo, fue encabezado por el coordinador de asesores de Control de Procesos de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Martin Salido, quien en compania de 14 ministerios publicos se presento, a las 16:30 horas, a dichas oficinas sindicales.
Martin Salido explico que la diligencia judicial se inicio a las 17:00 horas, bajo el oficio 736 en el que el juez Gallegos Garcilazo ordenaba un "cateo con aseguramiento" de documentos que se pudieran relacionar con la denuncia de abuso de confianza, integrada en el expediente 157/94 del 16o. Juzgado 16 Penal del Fuero Comun.
Previamente, los sindicalistas llamaron a los diversos medios de comunicacion ya que junto con el personal de Martin Salido se presentaron presuntos auditores fiscales federales, quienes nunca se identificaron, para practicar una auditoria en el manejo de fondos del sindicato. Estos abandonaron el local a las 18:20 horas.
Durante la actuacion judicial se busco documentacion en seis oficinas, y en una de ellas se aseguraron disquets de computadora, en los que supuestamente se encontraban archivos de asesoria juridica de diversos casos de pensiones alimenticias y juicios laborales.
Los sindicalistas, entre quienes se encontraban Ricardo Guillermo Barco Ortiz hijo de Barco Lopez y el secretario de Accion Social, Francisco Maya Hernandez, solicitaron se les autorizara sacar copias de esos archivos en computadora. Ante esto, Martin Salido les ofrecio que alguno realizara la copia ante expertos, en la PGJDF.
Maya Hernandez resalto que con los fondos sindicales, por 160 millones de nuevos pesos, que les fueron congelados al SUTAUR-100 y sus dirigentes por la Comision Nacional Bancaria, se podrian pagar los ocho millones 925 mil nuevos pesos de la demanda ante el Juzgado 16.
Las cuentas bancarias, dijo, tambien asegurarian la fianza para la libertad de los dirigentes sindicales y cubririan el supuesto desvio de fondos por mas de 26 millones 542 mil nuevos pesos, en el ejercicio presupuestal 1993-94 del SUTAUR-100. Este fue denunciado, el lunes pasado, por el titular de la Contraloria General del Departamento del Distrito Federal, Hector Valenzuela Velazquez.
De acuerdo a un comunicado de la PGJDF, "de conformidad con la normatividad aplicable, el Ministerio Publico dara cuenta en su oportunidad al juez ordenador, poniendo a su disposicion el acta circunstanciada respectiva, asi como la documentacion materia y objeto de la diligencia". Ambos cateos se realizaron en forma pacifica, se agrego.
Por otra parte, el juez Gallegos Garcilazo fijo una fianza de 9.9 millones de nuevos pesos a cada uno de los detenidos. Dicha resolucion fue apelada, en el Reclusorio Preventivo Oriente, por los abogados defensores Benito Miron Lince y Adan Nieto Castillo, aduciendo que era una cifra estratosferica, por lo que tal respuesta se dara a conocer en las proximas horas.



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