SEC. INF. GRAL. PAG. 2 CINTILLO: CABEZA: CREDITO: siego transfronterizo, y que fue adoptada por la segunda reunion de las partes de la Convencion de Basilea, celebrada en Ginebra hace dos semanas. Para poder meditar de una manera ordenada sobre este tema trascendental para el medio ambiente planetario, conviene senalar, en primer lugar, que existen diferencias reales y reconocibles en las capacidades de vigilancia y control entre los paises industrializados y los que se ubican en el llamado sur. Estas capacidades requieren la construccion de instituciones y de infraestructura fisica y humana que es costoso desarrollar y operar. En principio, por razones de eficiencia economica e incluso ambiental, po dria aceptarse el movimiento transfronterizo hacia el sur, en funcion de diferentes ventajas comparativas, capacidades de asimilacion de los sistemas biofisicos y preferencias sociales; sin embargo, los costos de transaccion involucrados en el monitoreo estrecho (laboratorios de caracterizacion y capacitacion aduanal, etc.) y en la prevencion y control de los danos ambientales vinculados al reciclaje y recuperacion superarian los beneficios. Solo en circunstancias de internalizacion plena de costos ambientales en los precios relevantes al movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, seria posible generar ventajas globales de eficiencia en su exportacion/importacion. Dado que el precio relativamente barato de enviarlos a paises del sur para su reciclaje o disposicion final no revela informacion sobre costos ambientales reales, es posible que a traves de estas practicas se incurra en grandes ineficiencias a nivel global y nos alejemos del principio de que el que contamina paga, que ha llegado a regir la politica ambiental, al menos en las naciones de la OECD. La posibilidad legal de exportar residuos a los paises del sur significa la apertura de canales de presion, que, dada la debilidad de sus instituciones, estas ceden con facilidad, permitiendo un flujo (encubierto o no) de materiales cuyo unico destino es la disposicion final, enmascarada en un supuesto reciclaje o recuperacion, en condiciones deplorables de salud ocupacional y bajo impactos ambientales profundos que plantean el manejo inadecuado de materiales de por si peligrosos. Esto plantea enormes costo s sociales/ambientales que asumen los paises del sur a nombre de las naciones de la OECD, sin que puedan instrumentar los sistemas de control que se requeririan debido a carencias economicas evidentes, fallas institucionales dificiles de superar y a los patrones existentes de preferencias sociales. El reconocimiento de esa dificultad y del gran diferencial entre costos y posibles beneficios de la importacion, hace que la prohibicion sea un mecanismo eficaz para cerrar esa valvula, redistribuyendo los costos hacia los paises industrializados, que ahora tendran que afrontar la aplicacion (enforcement) de la prohibicion misma, asi como el costo de manejar adecuadamente sus residuos dentro de sus propias fronteras, siendo que en ambos casos esas naciones tienen ventajas institucionales y tecnologicas. De tal manera, la prohibicion total permitiria minimizar costos globales de manejo de residuos peligrosos. Bajo muchos puntos de vista, el problema de los residuos peligrosos no se resuelve exportandolos, sino afrontando su manejo, de tal forma que se internalicen plenamente los costos relevantes, lo que establece un marco de incentivos para una reconversion tecnologica que minimice su generacion. Sin embargo, siempre estara la pregunta sobre cual es el nivel o la unidad optima de internalizacion: la empresa, la industria, la region, el pais, el bloque de paises o el planeta. La respuesta estara, desde el punto de vista de la eficiencia ambiental y economica, en terminos de las economias de escala en diferentes sistemas de manejo, en las capacidades de asimilacion de distintos sistemas biofisicos, costos de transporte, costos de transaccion en cada opcion y de las preferencias sociales en cada region involucrada. En todo caso, debe advertirse que existe un fuerte componente moral en todo esto, y que esta referido a la aceptabilidad o no de enviar la basura de los "ricos" hacia los "pobres". Un argumento adicional que se esgrime en favor de la prohibicion es el incentivo que traeria para la creacion de mercados de manejo de residuos al interior de cada pais o entre grupos de paises del sur. Efectivamente, en la medida en que esten disponibles materiales sujetos a reciclaje o recuperacion provenientes de paises industrializados a menor costo (incluso con un precio cero o negativo), se impedira el desarrollo de instituciones y mecanismos operativos que se hagan cargo de los residuos generados int ernamente; estos, por estar ausente la infraestructura necesaria, seran mas caros como fuente de recuperacion de materiales secundarios en la medida en que es preciso sufragar sistemas de recoleccion y transporte interno. En el fondo de este argumento yace la simple intuicion, producto del elemental sentido comun, de hacerse cargo primero de la basura propia antes que de la ajena. Por ultimo es oportuno advertir que la prohibicion demanda sistemas efectivos de vigilancia y control, incluyendo sanciones severas y creibles que impidan una relacion de costos que favorezca el trafico ilicito. Igualmente, no es menor la necesidad de desarrollar instituciones, infraestructura y recursos humanos capaces de ejercer control en los puestos aduanales fronterizos, asi como esquemas de informacion que permitan una identificacion expedita y exacta de fracciones arancelarias. .